Este lunes se cumplieron 37 años de que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) entregara al presidente argentino Raúl Alfonsín el documento 'Nunca más', con datos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla.
Este documento, conocido también como Informe Sábato”, fue publicado en septiembre de 1984, y es importante no sólo para los argentinos, sino también para los habitantes de todos los países que alguna vez han vivido bajo un régimen político conocido como dictadura, “en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad”.
Para entender la relevancia de este acontecimiento, es importante remontarnos al 24 de marzo de 1976, fecha que inaugura uno de los periodos más sangrientos y sombríos en la historia de Argentina, con violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.
La madrugada de ese día, María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabel Perón, fue depuesta del cargo por un golpe militar encabezado por Videla, quien se convirtió a partir de entonces en presidente de la Junta Militar que disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto.
Al asumir la Primera Magistratura de la República Argentina, el 30 de marzo de 1976, Videla habló de derechos humanos que jamás respetó. Aquí sus palabras sobre el tema: "Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace sólo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana vocación acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre, que asumimos el pleno ejercicio de la autoridad; no para conculcar la libertad, sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla" (Excélsior, 12 de septiembre de 1976).
Con la instauración de la dictadura, que en un principio buscaba poner fin a la convulsiva etapa que había agitado en las décadas precedentes a ese país sudamericano, la Junta Militar desplegó una estrategia de dominio sobre la población bajo la forma de terrorismo de Estado, pasando por encima de los derechos humanos: suprimió los sindicatos, prohibió los partidos políticos y declaró la guerra a los adversarios políticos del nuevo régimen.
Videla, nacido el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, Argentina, asumió hace algunos años -frente a un Tribunal Federal de Córdoba- su “responsabilidad castrense en todo lo actuado por el Ejército” en la represión desatada durante su Gobierno tras el golpe de estado de 1976. El dictador argentino, junto con Emilio Massera, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 31 presos.
La dictadura de Videla propició el endeudamiento y empobrecimiento de Argentina mediante la aplicación de un modelo económico contrario a los intereses de los argentinos. Entre los crímenes cometidos en ese lapso se cuentan secuestros, torturas y fusilamientos en agravio de sus oponentes –o de los sospechosos de serlo–, ejecutando tales prácticas en los centros de detención clandestinos creados para tal fin.
Se atribuyen a él y a otros militares argentinos los llamados “vuelos de la muerte”, una práctica siniestra que se empleó para arrojar al Océano y al Río de la Plata a varios desaparecidos vivos.
Ana González Bringas, en el libro El derecho a la memoria, dirigido por Felipe Gómez Isa, menciona una práctica represiva de terror "que consternó más que ningún otro a la opinión pública [argentina], una vez que se dio a conocer: la apropiación de bebés y niños, hijos de detenidos, para luego ser entregados a familias distintas de la originaria, negando su historia y su pasado, cortando sus familiares y reemplazándolos por otros".
La autora de esta obra señala que "el secuestro de niños no fue sólo un resultado no deseado fruto de la violencia generada hacia los progenitores de los mismos, sino que fue una acción adoptada con premeditación, e incluso definida en una de las directrices de actuación contra la subversión”.
Aunque falta mucho por esclarecer, juzgar y condenar, las sanciones que en los últimos años se han impuesto a los culpables son importantes para evitar que los crímenes en comento queden impunes. Ojalá que estas sanciones sirvan para que los gobernantes de todos los países piensen muy bien sus decisiones de gobierno y eviten la repetición de violaciones a los derechos humanos como las que tuvieron lugar en los años sesenta y setenta en la República de Argentina y en otros países sudamericanos.
¡Nunca más!
Twitter: @armayacastro
