Vidas perdidas en las aguas turbulentas, daños materiales incalculabes, una economía soterrada por desplazamiento de tierras y aguas desde la montaña, son algunas de las consecuencias de la última tormenta fatal que azotó múltiples áreas costeras de nuestro país, principalmente por el huracán “Nora” y otras tormentas tropicales que, hasta este momento mantienen el sufrimiento de varias familias que han perdido seres queridos o incluso no los han encontrado, como es el caso de Luz Berenice de Puerto Vallarta.
Consecuencias previsibles si tomamos en cuenta las edificaciones afectadas e incluso inutilizadas por el paso de los ríos desbordados. Es el caso del Río Cuale de Puerto Vallarta, cuyo crecimiento de las aguas pluviales provenientes de la alta montaña importante de este destino turístico, nos obliga a la pregunta inevitable: cómo y cuándo permitieron los tres niveles de gobierno la construcción de vivienda, hoteles y restaurantes en zonas de alta vulnerabilidad ya limitada para la edificación por la propia constitución, la Ley de Aguas Nacionales y las leyes locales para la Protección Civil.
Todo indica un círculo de corrupción en donde los intereses utilitarios de la alta plusvalía de este destino turístico fue cerrado en complicidad con las autoridades municipales que debieron aprobar, en su momento y durante décadas, el cambio del uso de suelo para convertir el cauce de un río en una zona comercial de alta vulnerabilidad agudizada por una aparente calma con duración, a veces, para que se presenten riadas, parejadas, temblores o desplazamiento de tierra sobre todo a partir de la excesiva explotación de la madera tropical semi preciosa de esas regiones costeras como en este caso de la costa norte del estado de Jalisco.
Encontramos entonces identificadas por su vulnerabilidad, colonias como Villa de Guadalupe, San Esteban, Ixtapa, Las Juntas, Mismaloya, Centro, El Cerro, La Playita, Villa de Guadalupe, San Esteban, Las Garzas, entre otras, todas en municipios conurbados de Jalisco y Nayarit y que podría ser, en este caso, tan sólo un aviso de lo que debe revisar cada ayuntamiento para evitar interpretaciones legaloides que han permitido la especulación urbana principalmente en un corredor turístico con la debastación de playas, bosques tropicales, esteros y causes de ríos con la aprobación de fraccionamientos y zonas comerciales generadoras de una utilidad mercantil insultante para las áreas marginales prioritarias que abundan en esa región donde la degradación urbana cobra forma e inseguridad pública, insalubridad y abundante basura, sin dejar de mencionar la carencia de infraestructura para el agua potable y sanidad integral.
Esa es la realidad concreta que se puede observar en muchas zonas costeras en nuestro estado y particularmente en la denominada Riviera Nayarita donde se incluye a Puerto Vallarta y otros puntos estratégicos de Jalisco a los cuales primero les urge una normatividad que las proteja y regule la sobreexplotación de la que son objeto.
* Académico del CUAAD de la UdeG
