Armando Maya Castro

  / martes 8 de enero de 2019

Declaración del Grupo Lima y ciberviolencia

El pasado 1 de marzo, Enrique Krauze publicó en la revista Letras Libres un ensayo titulado La destrucción de Venezuela, en el que responsabiliza a Hugo Chávez y Nicolás Maduro de la destrucción de esa nación sudamericana.

En su texto, el director de la Editorial Clío escribe sobre lo que este escritor califica como “otro drama” que se vive en algunos barrios de Caracas, la capital de Venezuela, en donde “mujeres se pelean por una barra de mantequilla; madres sin leche que comprar, dando inútilmente las tetas a sus niños; gente buscando comida en la basura; anaqueles vacíos de alimentos y medicinas; hospitales sin camillas, insumos, medicamentos o condiciones mínimas de higiene; médicos del Hospital Universitario de Maracaibo operando a una paciente con la luz de un celular; madres que dan a la luz fuera del sanatorio…”.

El pasado 4 de enero, el también historiador mexicano volvió a publicar en Twitter el enlace de dicho trabajo editorial, lamentando “que México no haya firmado la declaración del Grupo de Lima”, por medio de la cual los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía” fijaron su postura en el sentido de no reconocer “la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”.

Las reacciones y ataques no se hicieron esperar, sobre todo estos últimos, muy de moda en redes sociales, donde los insultos y la violencia verbal son una constante, sin echar mano de la argumentación que enriquece una conversación, y que ayuda a mantener inalterable la unidad de los mexicanos. Recordemos que los políticos y los partidos van y vienen, pero el pueblo queda, y es necesario que permanezcamos unidos, más allá de las diferencias ideológicas y partidistas que puedan existir entre nosotros.

Algunos de los que respondieron el tuit de Enrique Krauze justificaron la postura del gobierno de México invocando la Doctrina Estrada, publicada el 27 de septiembre de 1930 por el canciller Genaro Estrada, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, de acuerdo con la cual “México se oponía a que los países extranjeros se pronunciaran en favor o en contra del gobierno de un país, cada vez que se producía un cambio de régimen por vía revolucionaria o no democrática”, explica la historiadora Gloria M. Delgado de Cantú.

Al respecto, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que una de las funciones del ciudadano presidente de la República es “dirigir la política exterior”, y que, en la conducción de ésta, el titular del Poder Ejecutivo observará, entre otros, el principio de “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias…”.

Otros usuarios de Twitter opinaron que la declaración del Grupo de Lima es injerencista, y que Venezuela debe ocuparse de sus asuntos internos, en los que no debe intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le corresponde atender únicamente los problemas de México.

Lo cierto es que hay políticos de Morena que se muestran solidarios con el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Tal es el caso de Lilly Téllez, senadora de este partido político, quien calificó como dictadura el gobierno de éste. Aquí su tuit del pasado 5 de enero: “El dictador Nicolás Maduro prolongará su tiranía por otro período más. Muchos mexicanos nos mantenemos solidarios para seguir denunciando el sufrimiento que ese déspota provoca en Venezuela”.

La también periodista mexicana fue blanco de ataques y críticas por parte de los defensores de AMLO. Algunos le pidieron no hablar en nombre de Morena –cosa que nunca hizo– mientras que otros aplaudieron su comentario y la felicitaron “por llamar las cosas por su nombre”.

Conviene mencionar que el PAN respaldó la declaración del Grupo de Lima, y que su presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, calificó como “gravísimo error” la postura del gobierno de México, lo que le valió comentarios a favor y en contra. Algunos dijeron que este partido, fundado el 16 de septiembre de 1939, no tiene visión ni estrategia de oposición.

Fueron objeto de ataques incluso periodistas que se dirigieron a López Obrador en términos muy respetuosos, luego de calificarlo como un hombre decente y contrario a los abusos. Tal fue el caso de la periodista Yuriria Sierra, quien pidió al presidente de México no tolerar “que el abuso de poder de Nicolás Maduro siga poniendo a la gente buena de Venezuela de rodillas y al borde del abismo”.

Calificar de “chayoteros”, ardidos y traidores a los periodistas que cuestionan las decisiones del gobierno puede ocasionar la falta de credibilidad de la ciudadanía en los profesionales de la información. Si esto llegara a suceder, tendríamos ante nosotros el problema de que nadie le creería nada a los periodistas, algo que sería altamente perjudicial para la libertad de expresión, tomando en cuenta que esas dudas pueden posibilitar el arraigo y avance de algunos males que no queremos para México. El reto es acabar con este problema que Reporteros sin Fronteras califica como “ciberviolencia”, un mal que coloca a los periodistas como víctimas colaterales.

El pasado 1 de marzo, Enrique Krauze publicó en la revista Letras Libres un ensayo titulado La destrucción de Venezuela, en el que responsabiliza a Hugo Chávez y Nicolás Maduro de la destrucción de esa nación sudamericana.

En su texto, el director de la Editorial Clío escribe sobre lo que este escritor califica como “otro drama” que se vive en algunos barrios de Caracas, la capital de Venezuela, en donde “mujeres se pelean por una barra de mantequilla; madres sin leche que comprar, dando inútilmente las tetas a sus niños; gente buscando comida en la basura; anaqueles vacíos de alimentos y medicinas; hospitales sin camillas, insumos, medicamentos o condiciones mínimas de higiene; médicos del Hospital Universitario de Maracaibo operando a una paciente con la luz de un celular; madres que dan a la luz fuera del sanatorio…”.

El pasado 4 de enero, el también historiador mexicano volvió a publicar en Twitter el enlace de dicho trabajo editorial, lamentando “que México no haya firmado la declaración del Grupo de Lima”, por medio de la cual los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía” fijaron su postura en el sentido de no reconocer “la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”.

Las reacciones y ataques no se hicieron esperar, sobre todo estos últimos, muy de moda en redes sociales, donde los insultos y la violencia verbal son una constante, sin echar mano de la argumentación que enriquece una conversación, y que ayuda a mantener inalterable la unidad de los mexicanos. Recordemos que los políticos y los partidos van y vienen, pero el pueblo queda, y es necesario que permanezcamos unidos, más allá de las diferencias ideológicas y partidistas que puedan existir entre nosotros.

Algunos de los que respondieron el tuit de Enrique Krauze justificaron la postura del gobierno de México invocando la Doctrina Estrada, publicada el 27 de septiembre de 1930 por el canciller Genaro Estrada, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, de acuerdo con la cual “México se oponía a que los países extranjeros se pronunciaran en favor o en contra del gobierno de un país, cada vez que se producía un cambio de régimen por vía revolucionaria o no democrática”, explica la historiadora Gloria M. Delgado de Cantú.

Al respecto, el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que una de las funciones del ciudadano presidente de la República es “dirigir la política exterior”, y que, en la conducción de ésta, el titular del Poder Ejecutivo observará, entre otros, el principio de “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias…”.

Otros usuarios de Twitter opinaron que la declaración del Grupo de Lima es injerencista, y que Venezuela debe ocuparse de sus asuntos internos, en los que no debe intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le corresponde atender únicamente los problemas de México.

Lo cierto es que hay políticos de Morena que se muestran solidarios con el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Tal es el caso de Lilly Téllez, senadora de este partido político, quien calificó como dictadura el gobierno de éste. Aquí su tuit del pasado 5 de enero: “El dictador Nicolás Maduro prolongará su tiranía por otro período más. Muchos mexicanos nos mantenemos solidarios para seguir denunciando el sufrimiento que ese déspota provoca en Venezuela”.

La también periodista mexicana fue blanco de ataques y críticas por parte de los defensores de AMLO. Algunos le pidieron no hablar en nombre de Morena –cosa que nunca hizo– mientras que otros aplaudieron su comentario y la felicitaron “por llamar las cosas por su nombre”.

Conviene mencionar que el PAN respaldó la declaración del Grupo de Lima, y que su presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, calificó como “gravísimo error” la postura del gobierno de México, lo que le valió comentarios a favor y en contra. Algunos dijeron que este partido, fundado el 16 de septiembre de 1939, no tiene visión ni estrategia de oposición.

Fueron objeto de ataques incluso periodistas que se dirigieron a López Obrador en términos muy respetuosos, luego de calificarlo como un hombre decente y contrario a los abusos. Tal fue el caso de la periodista Yuriria Sierra, quien pidió al presidente de México no tolerar “que el abuso de poder de Nicolás Maduro siga poniendo a la gente buena de Venezuela de rodillas y al borde del abismo”.

Calificar de “chayoteros”, ardidos y traidores a los periodistas que cuestionan las decisiones del gobierno puede ocasionar la falta de credibilidad de la ciudadanía en los profesionales de la información. Si esto llegara a suceder, tendríamos ante nosotros el problema de que nadie le creería nada a los periodistas, algo que sería altamente perjudicial para la libertad de expresión, tomando en cuenta que esas dudas pueden posibilitar el arraigo y avance de algunos males que no queremos para México. El reto es acabar con este problema que Reporteros sin Fronteras califica como “ciberviolencia”, un mal que coloca a los periodistas como víctimas colaterales.