Óscar Ábrego
¿Por qué el gobernador solicitó a la Contraloría del Estado que revise el proceso de licitación en el que se otorgó un contrato multimillonario (tres mil 634 millones de pesos para el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) al empresario Guillermo Romo Romero?
La respuesta se concentra en tres variables. La primera, es que en el equipo cercanísimo de Enrique Alfaro hubo quien advirtió que de no hacerlo, el grado de confianza ciudadana hacia su Gobierno continuaría su caída, situación que en breve podría colocarlo en uno de los más raquíticos del país. De hecho, hace poco llegó a una de las presidencias municipales un informe que indica que el nivel de aprobación de esta naciente administración estatal apenas alcanza un 29% en el Área Metropolitana.
La segunda, no menos preocupante para el equipo alfarista, es que tras un recuento de daños, los asesores tuvieron que sincerarse y admitir que tanto en redes sociales como en algunos medios tradicionales de comunicación, el tema amenazaba con ascender aún más y convertirse en un verdadero e incontrolable escándalo nacional, ello en virtud de que las anomalías e inconsistencias develadas por la reportera de El Diario NTR, Sonia Serrano, resultan, al menos por ahora, irrefutables e indefendibles, por tanto tenía que tomarse una medida inmediata de contención.
La tercera tuvo que ver con la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me informan que el primer círculo logró convencer a Enrique Alfaro que no podía asumir el riesgo de que, en el marco de la mañanera rueda de prensa, el asunto se volviera el eje de atención. A la postre, esta estrategia les dio la razón, pues se amortiguó el golpe que previeron una par de días antes.
Así las cosas, Alfaro Ramírez tuvo que tomar la mejor decisión en lo que va de su mandato: poner este caso en manos de la Contraloría. Incluso hay quien piensa que con esta acción demuestra que parece haber entendido que ya no puede continuar deteriorando la imagen de su Gobierno. Y es que cuando se aborda el precitado contrato, se hace referencia a una crisis que lejos de disminuir, se incrementa conforme avanzan las semanas.
Planteado lo anterior, quiero ratificar lo que he dicho en diversos foros y con distintos tonos: ojalá que contáramos con más funcionarios del nivel de Teresa Brito Serrano.
Alfaro Ramírez tuvo que tomar la mejor decisión en lo que va de su mandato: poner este caso en manos de la Contraloría. Incluso hay quien piensa que con esta acción demuestra que parece haber entendido que ya no puede continuar deteriorando la imagen de su Gobierno
Con una trayectoria intachable, la contralora estatal tiene frente a sí el desafío más relevante de su carrera en la función pública. Es cierto, no es fácil indagar una operación que huele muy mal por el lado que se le tome. La investigación de Sonia Serrano es tan convincente, que pareciera que no hay forma de legitimar el procedimiento mediante el cual, un comité de adquisiciones validó y concedió un negociazo a un amigo del titular del Poder Ejecutivo sin ni siquiera haber revisado a detalle el clausulado del convenio.
Así pues, desde mi perspectiva, Enrique Alfaro hizo lo que muchos esperábamos. Es cierto, reaccionó tarde, pero lo importante es que al final actuó de manera correcta. Guste o no, remitió esta papa ardiente a la oficina más confiable, lo que de algún modo, podría atenuar las serias sospechas que brotaron desde el partido de los Lakers de Los Ángeles.
Por último, soy de los convencidos de que Teresa Brito no atenderá ningún tipo de presión que atente contra sus principios éticos y morales. Si hay corrupción y se confirma el conflicto de interés, estoy seguro de que lo hará del conocimiento de la opinión pública. No imagino que a estas alturas de su notable reputación se preste al embuste y la complicidad. Por eso yo sí confío en la contralora.
