Rogelio Barba Álvarez
Otra vez, los diputados de Jalisco lo hicieron de nuevo (en especial uno), modificar el código penal ante una amenaza emergente a la sociedad, en esta ocasión para la “protección” de personas del sistema de salud pública o privada, me refiero a la reciente reforma de los artículos 202 y 207, publicadas en el Diario Oficial El Estado de Jalisco el 24 de abril, que aumenta las sanciones pecuniarias y las penas de prisión hasta por cinco años a quien los agredan o causen lesiones. La propuesta parece justa; proteger la incolumidad de personas en el ámbito de la salud.
Es verdad, somos testigos de los brutales hechos que han sufrido recientemente estos profesionistas, y de los cuales se encuentran en la exposición de motivos que dan origen a estas reformas, en el que se describen la sensación de miedo, inseguridad y desolación, y de la que se espera una medida inmediata que satisfaga ese sentimiento de insolidaridad por personas carentes de razonamiento al excretar el lado más primitivo de su ser con acciones tan deleznables.
La respuesta no se hizo esperar, por desgracia, por que el miedo genera consenso demagógico, que bien aprovechado en una sociedad ávida de asistencia y comprensión permite que se relaje el poder punitivo, en el sentido de contener esta criminalidad emergente con la amenaza penal, es decir sobre un sistema penal fundado en el draconiano principio de la intimidación, como estrategia político criminal, inscrita en el matiz legisferante abrupto y desenfrenado de nuestros diputados, cuánta razón tenía Von Bismarck al decir que “las leyes son como las salchichas; es mejor no saber cómo están hechas”, hacía ilusión a la calidad y cantidad de leyes, cada vez más, confusas, oscuras, incomprensibles y malhechas, donde el legislador ha utilizado la reforma penal como medio para dar una impresión -errónea y maliciosa- al pueblo, de estar sintonizados con las preocupaciones sociales, buscando encontrar en los ánimos de la población su lado más amable con la producción de leyes en masa, más severas, incompresibles e irracionales provocando el endurecimiento de éstas por medio de la inicua máxima intervención, en el que se desvirtúa la función del derecho penal democrático que da naturaleza y hegemonía a una de las ideas fundamentales de esta institución, su intervención mínima, base fundamental alineada a la inspiración constitucional del Estado de Derecho, en función a su intervención estricta en el sentido relevante a la ofensa de la sociedad.
Pero el odio seguirá imperando en estos tiempos de pandemia, y seguiremos siendo testigos de las frenéticas reformas penales, para solventar la criminalidad, mientras el código penal, se sigue enfermando por tantas intervenciones quirúrgicas como instrumento de control social formal, su diagnóstico es reservado: hipertrofia punitiva (crecimiento desmedido e incontrolable) sancionando con sangre y lágrimas, ¡y como no¡, si su máximo reformador el Diputado Quirino Velázquez le ha recetado cerca de 36 reformas, sin prescripción criminológica y con el mismo tratamiento, desde modificaciones sin sentido, derogando artículos, aumento desmesurado de penas y creando delitos imposibles de sancionar, lo que significa el 10% de su totalidad, el código penal se complica cuando se multiplica como si el código penal resolviera todos nuestros males por medio de la coacción psicológica derivada de la pena, por ello; Quirino: ¡criminaliza todo, que algo queda¡ al final de la legislatura no habrá quien cierre la puerta de la prisión, pues todos estaremos dentro.
Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador del CUCSH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG.
