Arturo Villarreal Palos*
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del INEGI, señala que en el año 2018 el 37.5% de los hogares en el estado de Jalisco tuvo, al menos, una víctima de delito, con una tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes de 30,445, frente al promedio nacional de 28,269. El cálculo de delitos cometidos en el estado, en ese año, fue de 2’282,922, con un cifra negra de 91.8%, la cual es ligeramente menor al promedio nacional del 93.2%. No obstante, se trata de una cifra dramática, pues habría significado que las autoridades estatales solo habrían conocido aproximadamente de 155,239 delitos de los mas de dos millones que fueron cometidos, lo que tampoco es garantía de que los hechos se hayan clarificado, pues según lo reveló el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 presentado por Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se esclarezca en Jalisco es del 0.6%. Lamentable panorama para la entidad.
Según el mismo índice, el estado tiene 4.4 Ministerios Públicos por cada 100,000 habitantes, muy pocos comparados con los 25.1 que se destinan en el estado de Chihuahua. Ocupamos, en este rubro, el lugar 31 a nivel nacional, solo arriba de Puebla con 2.8. En contraste, nuestra entidad tiene una carga de trabajo promedio por Ministerio Público de 329.2 asuntos por año, siendo el cuarto lugar nacional, muy por arriba de la media nacional que se sitúa en 160.1. En resumen, mucho trabajo para pocos elementos.
La Fiscalía General del Estado tiene un enorme reto en esta coyuntura; mejorar procesos, reestructurarse y aumentar la inversión son puntos indispensables, pero también lo es avanzar en el proceso de transición hacía una Fiscalía autónoma.
En el año 2017 se reformó la Constitución Política del Estado a efecto de establecer el carácter de dicha entidad como un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo cual ocurriría, en términos de los artículos transitorios, una vez que se dieran las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, lo cual, hasta fecha, sigue fuera de la agenda pública.
Este es un paso importante, pero también lo será en la medida en que la nueva Fiscalía logre trasformarse y funcione. Por ello, hace dos años un grupo importante de Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, firmaron un punto de acuerdo con los “Puntos Mínimos” para establecer lo que se denominó una “Fiscalía que Sirva en Jalisco”.
Rescato los puntos esenciales: 1) Institucionales, que tienen que ver con la acusación y litigio, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades de investigación; 2) Recursos Humanos, vinculados con el servicio profesional de carrera; y 3) Contraloría Social, que implica la intervención ciudadana en el nombramiento y remoción del titular y la definición del “Plan de Persecución Penal”, instrumento estratégico de suma importancia y que, por ejemplo, a inicios de este año presentó por primera vez la ahora autónoma Fiscalía General de la República.
* Académico de la Universidad de Guadalajara y Miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia.
