Rogelio Barba Álvarez | Columnista invitado
“No es abuso de autoridad es asesinato” con estas palabras lapidarias el cineasta Guillermo del Toro corrige al gobierno del Estado de Jalisco, al que, en voz del gobernador Enrique Alfaro, justifica los hechos del que fue objeto Giovanni López con resultado de muerte por policías de Ixtlahuacán de los membrillos por no portar cubrebocas, una persona que espera ser detenido con todas las formalidades jurídicas, pero a cambio recibe el exceso policial originado por la intransigencia y determinación del fascismo en el que vivimos en tiempos de pandemia, ¿cuáles fueron los criterios de aplicación del uso de la fuerza?, pues los policías respondieron al llamado de “tolerancia cero” del gobernador que en este caso, sin temor a equivocarme, puede ser responsable a manera de inductor de un homicidio calificado por su política radical para combatir las medidas por el COVID-19, de las que pasan de la ofensa verbal (recuerden que llamó pendejos al que no seguían sus indicaciones) al delito material, la muerte de una persona por policías que ignoran leyes aplicables para el uso democrático de la fuerza, quienes justifican la detención por su comportamiento agresivo es decir; hemos regresado a los tiempos de venganza de sangre, gobernandos a través del crimen, las agresiones policiales son muchas y se están extendiendo por la beligerante irracionalidad de señalar al enemigo por no portar cubre bocas, el abuso de autoridad es tan hediondo y profundo que su misma existencia corre el riesgo a normalizarse, los indignados despertaron al llamado de una persona moral Guillermo del Toro, que lo único que busca es respuesta y sobretodo la aplicación de la legislación a los que verdaderamente violentaron la ley, ley que se encuentra vigente, pues no solo cometieron el delito de abuso de autoridad en contra de una persona sino que violentaron el Código de conducta de funcionarios de hacer cumplir la ley de la ONU: en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas, así mismo la Ley nacional sobre el uso de la fuerza, al señalar en el articulo 5to. que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos, amen de ignorar los principios fundamentales de la Ley general del sistema nacional de seguridad publica del que son objeto de aplicación irrestricta en la función policial, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Pareciera que la legislación en materia de seguridad ciudadana esta de adorno, que es una ficción, una novela literaria, pues esta bien hecha, ahí se encuentran los derechos de las personas detenidas que son producto cultural e histórico de la evolución humana, forman parte del instrumento democrático destinado hacer cumplir el valor de la justicia, de la que esperamos una pronta respuesta, y de la que el propio gobernador debería hacerse responsable penalmente.
