/ viernes 20 de diciembre de 2019

La paradoja actual de la seguridad en Jalisco

Alfonso Partida Caballero

Jalisco vive un innegable estado de miedo donde reina la impunidad, el desorden y la inseguridad. Los políticos, que cuando eran candidatos prometieron que resolverían los mencionados flagelos, lucraron con las fallas de anteriores gobiernos pero que han llegado a superar por mucho ese escenario terrible, con aplicación de políticas pusilánimes que nos han llevado al periodo de la más desordenada y violenta realidad.

Estos personajes piensan que los problemas se solventan con discursos y ainocuas, creen que si sus propuestas están en sus reformas legales van a solucionar el problema; sus promesas fueron vagas, reiteradas y falsas, tanto que al final pagamos los ciudadanos.

El “aparato” de seguridad torpemente estructurado por la llamada “refundación” se ha valido de la simulación legislativa bajo el principio de “nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció”; este es un esquema dictatorial que invalida cualquier opinión mientras no provenga del aparato gobernante, en voz del ejecutivo, legislativo y ahora el judicial al que se le ha orillado a alinearse, olvidándose ventajosamente de la separación de poderes, muy parecido a un sistema mafioso con alta protección a la delincuencia al no castigar, no investigar, simular cifras, manipular datos, dictar políticas para poblar las cárceles de inocentes aunque después no sean capaces de demostrar su culpabilidad, pero sirven para distraer la realidad de ese tremendo mal que aqueja a nuestro estado.

Se prometió la eficacia de la fiscalía con una reforma en lo obscurito de la oficina del gobernador, el beneplácito del legislativo que no cambió ni una coma convirtiéndolos en coparticipes de esta desgracia; por otro lado, desde las catacumbas del ejecutivo crearon una inexistente Policía Metropolitana sin diagnóstico, sin criterios de eficacia, alejada de especialistas y ciudadanos; por si fuera poco se sometió al poder judicial bajo amenazas y descalificaciones a través de una falsa reforma que solo servirá para controlar nombramientos y decisiones.

En lo que corresponde a desaparecidos y fosas clandestinas somos uno de los tres estados sin rumbo en las investigaciones, sin detenidos ni sentencias, lo que junto con el Instituto de Ciencias Forenses son ejemplo de una política fallida.

Otro punto preocupante es el asesinato de servidores públicos y policías que rebasan las 30 incidencias y resalta el atentado contra un juez de Tlajomulco que exhibe la corrupción judicial.

A todo esto, hay que sumar la manipulación de estadísticas criminales, un acto patético y negligente ya que sólo se denuncia el 6.8%. Esto es 162,000 carpetas de investigación anuales, cuando en realidad se comenten más de 3 millones de delitos y se sentencia el 0.6%.

Los daños en Jalisco (según cifras oficiales) cuestan a los ciudadanos más de 20 mil millones de pesos, a eso sumemos lo que cuesta mantener el aparato policial, ministerial y judicial lo que representa casi la mitad del presupuesto estatal carente de resultados.

Los datos señalan que el ejecutivo actual oculta más de 20 mil investigaciones de homicidios desde el año 2000 no prescritas y que no se investigan; visto de otra manera, tenemos a casi 20 mil homicidas en la calle. Se han tirado a la basura cerca de 50 mil órdenes de aprehensión; archivado 85 mil carpetas y averiguaciones previas sin investigar como indican datos de transparencia. Curiosamente las estadísticas bajaron el mes del informe del ejecutivo, al mes siguiente se volvieron a disparar según datos del observatorio sobre seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara, demostración de la terrible realidad en política criminal en Jalisco.

Investigador del Departamento de Derecho Público y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG

alfonsopartida@gmail.com

Alfonso Partida Caballero

Jalisco vive un innegable estado de miedo donde reina la impunidad, el desorden y la inseguridad. Los políticos, que cuando eran candidatos prometieron que resolverían los mencionados flagelos, lucraron con las fallas de anteriores gobiernos pero que han llegado a superar por mucho ese escenario terrible, con aplicación de políticas pusilánimes que nos han llevado al periodo de la más desordenada y violenta realidad.

Estos personajes piensan que los problemas se solventan con discursos y ainocuas, creen que si sus propuestas están en sus reformas legales van a solucionar el problema; sus promesas fueron vagas, reiteradas y falsas, tanto que al final pagamos los ciudadanos.

El “aparato” de seguridad torpemente estructurado por la llamada “refundación” se ha valido de la simulación legislativa bajo el principio de “nosotros ya legislamos, por lo tanto el problema ya desapareció”; este es un esquema dictatorial que invalida cualquier opinión mientras no provenga del aparato gobernante, en voz del ejecutivo, legislativo y ahora el judicial al que se le ha orillado a alinearse, olvidándose ventajosamente de la separación de poderes, muy parecido a un sistema mafioso con alta protección a la delincuencia al no castigar, no investigar, simular cifras, manipular datos, dictar políticas para poblar las cárceles de inocentes aunque después no sean capaces de demostrar su culpabilidad, pero sirven para distraer la realidad de ese tremendo mal que aqueja a nuestro estado.

Se prometió la eficacia de la fiscalía con una reforma en lo obscurito de la oficina del gobernador, el beneplácito del legislativo que no cambió ni una coma convirtiéndolos en coparticipes de esta desgracia; por otro lado, desde las catacumbas del ejecutivo crearon una inexistente Policía Metropolitana sin diagnóstico, sin criterios de eficacia, alejada de especialistas y ciudadanos; por si fuera poco se sometió al poder judicial bajo amenazas y descalificaciones a través de una falsa reforma que solo servirá para controlar nombramientos y decisiones.

En lo que corresponde a desaparecidos y fosas clandestinas somos uno de los tres estados sin rumbo en las investigaciones, sin detenidos ni sentencias, lo que junto con el Instituto de Ciencias Forenses son ejemplo de una política fallida.

Otro punto preocupante es el asesinato de servidores públicos y policías que rebasan las 30 incidencias y resalta el atentado contra un juez de Tlajomulco que exhibe la corrupción judicial.

A todo esto, hay que sumar la manipulación de estadísticas criminales, un acto patético y negligente ya que sólo se denuncia el 6.8%. Esto es 162,000 carpetas de investigación anuales, cuando en realidad se comenten más de 3 millones de delitos y se sentencia el 0.6%.

Los daños en Jalisco (según cifras oficiales) cuestan a los ciudadanos más de 20 mil millones de pesos, a eso sumemos lo que cuesta mantener el aparato policial, ministerial y judicial lo que representa casi la mitad del presupuesto estatal carente de resultados.

Los datos señalan que el ejecutivo actual oculta más de 20 mil investigaciones de homicidios desde el año 2000 no prescritas y que no se investigan; visto de otra manera, tenemos a casi 20 mil homicidas en la calle. Se han tirado a la basura cerca de 50 mil órdenes de aprehensión; archivado 85 mil carpetas y averiguaciones previas sin investigar como indican datos de transparencia. Curiosamente las estadísticas bajaron el mes del informe del ejecutivo, al mes siguiente se volvieron a disparar según datos del observatorio sobre seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara, demostración de la terrible realidad en política criminal en Jalisco.

Investigador del Departamento de Derecho Público y miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG

alfonsopartida@gmail.com

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