La condonación de impuestos es una herramienta fiscal que el Estado contempla en situaciones donde se busca regularizar a los deudores o en casos específicos para apoyar económicamente a los contribuyentes, por ejemplo, en un desastre natural. Ésta no es una práctica nueva en nuestro país, al contrario, llevamos décadas perdonando de manera legal millones de pesos a grandes empresarios y entidades públicas. México es uno de los países que menos impuestos recauda debido a que este mecanismo se ha tergiversado en función de intereses propios.
El tema se ha vuelto importante otra vez en los últimos días debido a la publicación de una lista de más de nueve mil personas, empresas y entidades públicas que se vieron beneficiadas en los últimos dos sexenios con una suma condonada que rebasa los más de 270 mil millones de pesos, esto sin contar lo perdonado a otros 200 contribuyentes que mantienen un amparo para que su información no se haga pública.
Sin profundizar en el tema, podemos darnos cuenta de que las pérdidas para el Estado por condonar los impuestos son grandes. También, al revisar esa lista podemos observar que, en estos últimos 12 años, se consolidó un sistema que permitió a las élites económicas y políticas mantener sus privilegios perjudicando a millones de mexicanos de clases medias y bajas que no reciben los bienes y servicios públicos que el Estado les debe garantizar.
En pocas palabras, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto permitieron que todos estos recursos financieros no tuvieran una redistribución equitativa en obras públicas, servicios públicos y programas sociales con calidad y cobertura suficiente, haciendo que la gran brecha de desigualdad en nuestro país se mantuviera.
Más allá del debate de si las figuras de condonaciones y cancelaciones fiscales deben mantenerse o eliminarse por completo, lo que México necesita es una reforma fiscal progresiva y que simplifique los procesos para evitar los “errores contables” que hasta hoy habían permitido aplicar estas condonaciones. Es necesaria una nueva reingeniería fiscal en la que ya no se consientan estos abusos, porque en un país en donde más del 50% de la población vive en pobreza, el perdón de miles de millones de pesos a quienes más tienen desvanece la capacidad del Estado mexicano de impulsar las políticas públicas primordiales para poner en el centro de los derechos a quienes más lo necesitan.
