Febrero se caracteriza por ser el mes de las Inter campañas, etapa de contención del proselitismo y del activismo electoral, lapso que debería estar libre de propaganda de candidatos, de propuestas políticas y de solicitud del voto. Además, es el preámbulo también de la veda electoral que bloquea a los gobiernos de todos los ordenes para detener y suprimir la propaganda, difusión pública de logros, de resultados, a excepción de la referente a materias de salud, educación y seguridad pública. En sí, es la tregua inmediata anterior al registro de candidatos a cargos de elección y a la puesta en marcha de las campañas federales de presidente, senadores y diputados, así como la de gobernador en las entidades federativas donde el mismo 2 de junio se renueva el poder ejecutivo estatal. Estas 4 campañas, tienen una duración de 90 días. En el caso de Jalisco, adicional a las anteriores se suman con duración de 60 días, con inicio en abril, las campañas de presidentes municipales y diputados locales.
Hay una diametral diferencia entre lo que marca la ley e intenta aplicarse en los organismos nacional electoral y los correspondientes a los estados del país y las acciones de los candidatos y sus partidos políticos, que simulan el cumplimiento, pero realizan actividades de promoción y proselitismo a la vista de la ciudadanía, que violentan día con día a la ley, enturbiando la legalidad del proceso electoral. Tanto el gasto como la duración de las campañas son los dos fantasmas que rondan el proceso electoral, poniéndolo en riesgo, toda vez que, en la práctica, la autoridad electoral no tiene colmillos y es complejo que alguna vez ejecute y castigue la violación de la ley imponiendo más allá de multas, que cínicamente pagan los partidos políticos con tal de evadir la ley, sacar ventajas, adelantar al adversario y mejorar su posición competitiva sobre la base de las trampas y la campaña anticipada.
Sin poder detener ni contener las argucias y las trampas ilegales, las campañas electorales que están en ciernes, enfrentan dos puntos de vista encontrados: muchos consultores de campaña y de mercadotecnia política afirman ser capaces de revertir, modificar e inducir los resultados electorales sobre la base de la aplicación de su estrategia; otros en cambio, mesurados, opinan que las elecciones no se ganan ni se pierden en el periodo de la campaña, sino con lo realizado en los años anteriores a la contienda en sí. Lo que es innegable es que, a partir del 1 de marzo, a nivel nacional se moverán las maquinarias electorales, las estructuras de partido, los servidores públicos, organizaciones gremiales, sindicales, la cúpula empresarial y la ciudadanía activa, intentando incidir en el resultado electoral en favor de uno u otro de los partidos políticos y candidatos en contienda.
La intensidad y la potencia de las campañas electorales será tal que prácticamente asfixiará el espacio público, rellenará todas las conversaciones y será casi imposible de evadir los intentos de obtener nuestra atención, respaldo y voto. Será la elección más grande de la historia de México por el número de cargos de elección popular en disputa, así como una batalla memorable que medirá a los gobiernos, a los personajes políticos, a las militancias, simpatizantes y estructuras de partido y a los ciudadanos electores para ver la madurez y la responsabilidad democrática que hemos logrado ir desarrollando en nuestro México actual.
