En Argentina, específicamente en la Universidad Nacional del Cuyo, universitarios mendocinos partidarios de la separación del Estado y la Iglesia quitaron una imagen religiosa situada en el predio de ingreso de esta importante casa de estudios, fundada el 21 de marzo del año 1939.
La remoción de la imagen de la virgen se da en el marco del debate entre los grupos partidarios del aborto que promueven la separación Iglesia-Estado y los jerarcas de la Iglesia católicos, quienes celebraron hace algunas semanas que el Senado rechazara el proyecto de legalizar el aborto en ese país situado en el extremo sur del continente americano.
Con esta medida, los universitarios se suman al deseo de cinco diputados de Cambiemos, que invocando distintos tratados y convenciones internacionales elaboraron semanas atrás el proyecto de ley titulado: “Remoción de símbolos e imágenes religiosas, instaladas en espacios y/o pertenecientes al Estado nacional”.
De acuerdo con el proyecto en cuestión, que busca que el Estado garantice el trato igualitario de cultos, los símbolos religiosos en los edificios públicos deben removerse en un plazo máximo de 90 días, una vez que la ley se sancione.
Pero ¿qué dice la Constitución Nacional de Argentina sobre el tema de la laicidad estatal? Aquí la respuesta: el artículo 2 establece que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano, en tanto que el 14 constitucional consagra la libertad de culto.
En efecto, el texto constitucional consagra la anterior libertad, pero otorga al mismo tiempo un trato preferencial a la Iglesia católica, institución religiosa que es reconocida en la Constitución nacional argentina, a diferencia de los demás grupos religiosos.
Antes lo he dicho y hoy lo repito: en las instituciones públicas no debe haber imágenes religiosas, pues estos espacios son frecuentados no sólo por miembros de la Iglesia romana, sino por personas que no se identifican con las imágenes del catolicismo, una religión que puede usarlas en sus templos y espacios, pero no en los sitios a los que concurren personas con distintas creencias religiosas.
No se trata de buscar soluciones salomónicas, como podría ser la creación de universidades y oficinas de gobierno exclusivas para evangélicos, judíos, musulmanes, ateos y demás religiosos, pues, si éstas existieran –afirman algunos–, ninguno de los no católicos tendría necesidad de ir a las oficinas o escuelas donde se exhiben imágenes representativas del catolicismo, pero no de los demás credos.
La solución no es la anterior, sino el pleno respeto a la diversidad de las creencias religiosas, algo que sólo puede lograrse en un Estado laico, en donde la separación del Estado y las iglesias es garantía plena de no discriminación de las minorías religiosas, y donde las autoridades e instituciones públicas brindan un trato igualitario a todas les religiones, independientemente de su antigüedad y del número de miembros que éstas tengan.
El respeto al que me refiero en mi columna es lo único que puede evitar la polarización y garantizar la preservación de la paz social, lo mismo en Argentina que en nuestro querido México, en donde de acuerdo con lo que establece la ley somos una República laica, aunque en la cotidianidad es lamentable presenciar los atropellos contra la laicidad cometidos por los miembros de la clase política mexicana, incluidos muchos de los legisladores del partido que triunfó de manera contundente en las pasadas elecciones federales.
Hay que prestar atención a la lucha que se libra en Argentina en pro de la separación del Estado-Iglesia, pero sin perder de vista lo que sucede en México en lo que concierne al mencionado tema. Lo digo porque al pensar que, gobierne quien gobierne, las violaciones al Estado laico nunca se acabarán, corremos el peligro de resignarnos y congelar nuestra actividad en defensa de la laicidad del Estado mexicano, lo que nos llevaría a dejar de denunciar a las y los políticos que violentan la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.
