www.youtube.com/c/carlosanguianoz
La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad en que vivimos, afectados por el aumento de los delitos y el auge del narcotráfico. En éste sexenio se incrementaron los actos antisociales, el abuso, la impunidad, los ajustes de cuentas, el actuar sin limites del crimen organizado, la ineptitud y la corrupción por parte del estado mexicano. Causas hay muchas, visualicemos algunas de ellas. La ausencia total física y de legitimidad, así como la carencia moral del fiscal general de la república, agrega factores al debilitamiento institucional del país, al quebrantamiento del estado de derecho y a la perdida de gobernabilidad.
La relación del presidente López Obrador con el Poder Judicial está basada en la amenaza, el chantaje, la presión y los ataques populistas con declaraciones que buscan doblegar, alinear e influir en las decisiones de jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes intenta dominar, someter y alinear a intereses personales y de grupo, más no del interés superior de la sociedad.
Múltiples políticos y funcionarios públicos del partido gobernante, así como diputados, senadores y dirigencias partidistas, replican en su ámbito y a sus posibilidades el linchamiento discursivo y el deterioro de la imagen del poder judicial federal. Ya no hay respeto a la ley, a la representación pública, al cargo, a la investidura ni al deber ser.
El rechazo y la distancia contra los periodistas, a quienes por lección desde Palacio Nacional se les debe humillar, minimizar, desalentar, contradecir y confrontar, ha puesto en riesgo el ejercicio de la actividad periodística, ha vuelto densa la relación entre la prensa libre e independiente, privilegiando el acceso a fuentes de información, declaraciones y pago de servicios a las fuentes oficialistas, que hablan bien del gobierno y matizan las opiniones y las notas con origen desde la oposición a la cuarta transformación.
En nuestros días, como en los anteriores, la opinión pública liga, asocia y vincula a los políticos con las organizaciones criminales más poderosas que operan en el país. Ahora, se empiezan a conocer historias que enuncian la disposición, el apoyo mutuo, los servicios retribuidos y la complicidad permanente entre grupos disímbolos de origen pero afines en la práctica, que se sienten cercanos, que retroalimentan y coexisten en acuerdo, pensamiento, palabra, pacto y omisión.
Hoy más que nunca, el dinero sucio se mueve y se acomoda. Nuevos ricos, muchos de ellos, políticos. En este sexenio con sus excepciones, los funcionarios públicos de primer nivel viven radicalmente mejor que en 2018. Ahora tienen sueldos altos que no soñaron tener, pero su nivel de gasto los excede por mucho. Los beneficiarios de este gobierno se visualizan en los bienes inmuebles, numerosos, caros, adquiridos de tal forma que solamente la discrecionalidad del SAT y la politización de la Unidad de Inteligencia Financiera les permite vivir sin ser investigados. Parece imposible que no detecte a los funcionarios enriquecidos, espléndidos y expandidos de manera súbita y sorprendente.
El gobierno no puede detener su propio caos. La sangre escurre, la verdad sale a la luz. México sufre y duele. Es tierra de nadie porque no sabe, no quiere, no puede y ya no lo dejan sus viejos aliados que hoy disfrutan como nunca antes. México es un peligro y vivir aquí significa trasladarse, trabajar y convivir enfrentando riesgos, pues el crimen anda suelto. México es violento, es inseguro, es un cementerio. Ojalá no desaparecieran las personas, y en México no nos volviera a faltar una mujer, un niño, una familia, un padre. La desaparición de personas y la trata son realidades crudas, crueles y lacerantes que exhiben lo frágil del sistema político y evidencian sus grandes fallas.
