/ martes 27 de diciembre de 2022

Procesan a cinco policías tonaltecas por abuso de autoridad

El juez les impusó como medidas cautelares la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas y testigos

Un juez de control vinculó a proceso penal a cinco elementos de la Policía Municipal de Tonalá, a tres por el delito de abuso de autoridad; además dos de ellos por el delito de lesiones.

La Fiscalía Anticorrupción informó que se trata de Marcos Édgar “N”, Gerson Javier “N”, Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”.

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Al concluir la audiencia inicial en Puente Grande, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió vincular a proceso a Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”, por el delito de abuso de autoridad.

Mientras que a Marcos Édgar “N” y Gerson Javier “N” los vinculó por la modalidad de abuso de autoridad y por lesiones que no ponen en peligro la vida de la víctima, pero tardan más de 15 días en sanar.

Alrededor de las 20:30 horas del 10 de abril del presente año, los cinco elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá arribaron a un domicilio localizado en Camino a Colimilla, en el Fraccionamiento Residencias el Prado, donde se ubica un centro de recreación para jóvenes que dirige una organización de la sociedad civil.

Al llegar al lugar, los uniformados tocaron la puerta y cuando abrió una persona lo golpearon e insultaron, mientras que los otros tres elementos ingresaron al domicilio sin orden o mandato judicial que lo justificara, apuntado con sus armas de cargo a los jóvenes que se encontraban en el interior.

Por esos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta de investigación correspondiente por abuso de autoridad, así como por lesiones que integró en conjunto con Visitaduría de la Fiscalía del Estado.

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Tras a analizar los hechos y pruebas presentadas por las partes, el juez resolvió la vinculación a proceso de los elementos de seguridad pública de Tonalá y les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas y testigos, así como la presentación a control judicial mensual durante los próximos seis meses.

Un juez de control vinculó a proceso penal a cinco elementos de la Policía Municipal de Tonalá, a tres por el delito de abuso de autoridad; además dos de ellos por el delito de lesiones.

La Fiscalía Anticorrupción informó que se trata de Marcos Édgar “N”, Gerson Javier “N”, Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”.

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Al concluir la audiencia inicial en Puente Grande, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió vincular a proceso a Carlos Alberto “N”, Quimberlhy Jamillet “N” y Édgar Oswaldo “N”, por el delito de abuso de autoridad.

Mientras que a Marcos Édgar “N” y Gerson Javier “N” los vinculó por la modalidad de abuso de autoridad y por lesiones que no ponen en peligro la vida de la víctima, pero tardan más de 15 días en sanar.

Alrededor de las 20:30 horas del 10 de abril del presente año, los cinco elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá arribaron a un domicilio localizado en Camino a Colimilla, en el Fraccionamiento Residencias el Prado, donde se ubica un centro de recreación para jóvenes que dirige una organización de la sociedad civil.

Al llegar al lugar, los uniformados tocaron la puerta y cuando abrió una persona lo golpearon e insultaron, mientras que los otros tres elementos ingresaron al domicilio sin orden o mandato judicial que lo justificara, apuntado con sus armas de cargo a los jóvenes que se encontraban en el interior.

Por esos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió la carpeta de investigación correspondiente por abuso de autoridad, así como por lesiones que integró en conjunto con Visitaduría de la Fiscalía del Estado.

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Tras a analizar los hechos y pruebas presentadas por las partes, el juez resolvió la vinculación a proceso de los elementos de seguridad pública de Tonalá y les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas y testigos, así como la presentación a control judicial mensual durante los próximos seis meses.

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