Tras una reunión con personal de la Fiscalía, Rosa Isela Rodríguez, informó que suman ya 57 fincas aseguradas, siete de ellas completamente inmovilizadas y mil 458 millones de pesos incautados a la empresa.
Agregó que ahora, tanto la Fiscalía como la Procuraduría Social, buscarán embargar los inmuebles y con ello, comenzar con los trámites ante el juzgado correspondiente para que los afectados puedan recuperar parte de su patrimonio.
“Que sí es factible que el procurador ya pueda hacer este trámite en cuanto tenga conocimiento para hacer los embargos y mandárselo al tribunal y en su defecto ya con las demandas que se estén teniendo, poder resarcir el daño a los afectados".
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Agregó que las autoridades giraron oficios a otros estados de la República a fin de que las casas que pudieran ser de la empresa fuera de Jalisco también sean aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía de Jalisco y de la Procuraduría Social.
“Solicitamos información de cómo va actuar Procuraduría Social con los embargos precautorias”.
En la vía civil, indicó, solamente se han presentado 65 demandas.
El 6 de agosto pasado, personal de la Fiscalía de Jalisco acudió al domicilio de Luis Oswaldo “E”, dueño de la empresa AJP, debido a una investigación por fraude; sin embargo, fueron recibidos a balazos y el empresario fue encontrado muerto al interior de la recámara principal, luego de que presuntamente se quitó la vida.
Como documento póstumo, dejó un video donde confirmó que había sobrehipotecado algunas viviendas que sus clientes le confiaron y que el pago de intereses que esperaban los afiliados ya era insostenible, pues la situación empeoró durante los últimos meses.
Desde entonces, las oficinas principales fueron aseguradas y comenzó la recepción de denuncias.
