En respuesta y denuncia interpuesta por el regidor Pedro Kumamoto del partido Futuro Jalisco ante la Fiscalía Anticorrupción la empresa que provee el equipamiento tecnológico del programa de Verificación Vehicular, rechaza pagos adicionales e indebidos del Gobierno de Jalisco.
"En el contrato que mantenemos con el Gobierno del Estado, se pacta un número determinado de verificaciones por año. En caso de que este número sea excedido en más de 5%, estamos obligados a reducir el precio unitario por cada verificación. Por el contrario, si el número proyectado no se cumple por más de 5%, la tarifa unitaria aumenta para el siguiente periodo anual; estos ajustes se calculan mediante una fórmula acordada en un anexo del contrato", cita la empresa proveedora de todo el equipamiento y software requerido.
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Para 2022, el déficit en el número de verificaciones respecto a las proyectadas fue de 81%, lo cual justifica los ajustes realizados en la tarifa unitaria. Estos ajustes se llevaron a cabo en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el contrato, y se documentaron adecuadamente en los convenios modificatorios correspondientes, indicó la empresa Worldwide Environmental Products (WEP).
Para el año en curso, 2023, la tarifa al público de 500 pesos se distribuye de la siguiente manera: Fondo Ambiental 15%, Worldwide Environmental 35%, y Operadores de los Centros de Verificación 50 por ciento. "El monto que factura mensualmente nuestra empresa, incluye la parte proporcional que nos corresponde por nuestro servicio, así como la parte correspondiente a los operadores, a quienes nosotros pagamos mensualmente de acuerdo al número de verificaciones realizadas".
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