Por el presunto sobrepago con recursos públicos a proveedores de la verificación vehicular, la diputada local por Futuro, Susana de la Rosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra quien o quienes resulten responsables.
La legisladora Susana de la Rosa acudió a la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de Sergio Maravilla, secretario General del partido Futuro, así como de Melissa Madero, coordinadora de dicho instituto político en Puerto Vallarta para presentar la denuncia.
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"Presentamos una denuncia por el presunto sobrepago con recursos públicos al proveedor encargado de proveeduría técnica para el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco. Es decir nos referimos a los pagos fuera de contrato que el gobierno de Alfaro ha hecho a esta empresa particular y que a su vez distribuye este recurso a los centros de verificación privados".
Explicó que en 2020 el contrato quedó especificado que el proveedor recibiría un total de 199 pesos por cada verificación realizada, de los cuales 99 pesos son para el proveedor y 99 a los centros de verificación, de los 500 que se pagaba por verificación vehicular.
Mientras que en 2021 se modificó el monto a 162 pesos para proveedores y 232 pesos para los centros de verificación, lo que significa que por cada verificación el Gobierno Estatal entregó 394 pesos de los 500 pesos por cada verificación durante el periodo de la pandemia, sin embargo en 2022 se volvió a incrementar el monto a 262 pesos a las empresas proveedoras.
"Además, entregaron de manera inexplicable 24 millones de pesos extra a los proveedores, fuera del contrato original y de sus modificaciones. Para este 2023 está pasando lo mismo, el Gobierno del Estado ya les transfirió 104 millones de pesos cuando por contrato el monto máximo era de 67 millones, es decir 37 millones fuera de lo que marca el contrato".
Por ello pidieron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que inicie una carpeta de investigación y se esclarezca el presunto mal manejo de los recursos públicos de la que han nombrado la "verificación naranja".
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