La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Justicia de Jalisco exhibió graves irregularidades y de la propia fiscalía de justicia que intentó investigar el caso por un delito que aún no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos. Ahora les recomienda que ofrezcan una disculpa pública y además reparen el daño causado, además de que inicien investigaciones y sanciones administrativas a los responsables. La mamá de la víctima de este caso murió también durante estos años, exigiendo acceso a la justicia.
Se incluye que todas las indagatorias sobre suicidios de mujeres se inicien a partir del protocolo de feminicidio.
La recomendación es la 143/2021 y tiene que ver con los hechos que iniciaron el 23 de septiembre de 2020, cuando una adolescente de 16 años de edad fue encontrada sin vida en su casa.
Entonces , los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios (UIEF) de la Fiscalía Estatal, que acudieron al lugar de los hechos, determinaron ese día que se trataba de un suicidio, a pesar de que existe el deber para las autoridades investigadoras de que toda muerte violenta de una mujer, incluyendo los presuntos suicidios, deben ser manejados como feminicidio, a fin de que todas las investigaciones y peritajes se realicen con perspectiva de género y bajo los protocolos existentes, y evitar con ello perder indicios y muestras que sólo es posible recabar en los primeros momentos.
Aquí empezaron los errores. La investigación quedó en la agencia de Puestos de Socorro, como carpeta no judicializable.
No hubo la exhaustividad que se establece en los protocolos para la investigación de feminicidios y las autoridades ministeriales se negaron a aceptar las medidas cautelares dictadas por la CEDHJ, en las que se solicitó ordenar la atracción del caso a la UIEF y la exhumación del cuerpo, toda vez que se observaron contradicciones y negligencias en los peritajes del IJCF, los que aparentemente fueron elaborados antes de la muerte de la adolescente, en los que el agente ministerial obvió que el peritaje necrológico indicaba abuso sexual.
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Tuvieron que pasar siete meses y que la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios atrajera el caso, para que entonces se iniciará una indagatoria, solo que por el delito de inducción al suicidio feminicida, supuesto delictivo creado a partir del 7 de noviembre de 2020, es decir, posterior a la muerte de la adolescente y que en consecuencia, por lógica jurídica, no podía aplicarse al caso de la joven, lo que confirma falta de capacitación y especialización en las indagatorias de muertes violentas de mujeres, incluyendo los presuntos suicidios.
En consecuencia, tanto el personal de la Fiscalía Estatal como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incurrieron actos y omisiones que imposibilitaron conocer a fondo si se está ante un feminicidio o un suicidio, violando con ello el derecho humano a la legalidad, al debido ejercicio de la función pública, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a la debida diligencia reforzada tratándose de violencia contra las mujeres en razón de género.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos está recomendando tanto a la Fiscalía como a Ciencias Forenses realicen a favor de las víctimas indirectas la reparación y atención integral del daño, para lo cual deberán otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.
También a los titulares de ambas dependencias pide que giren instrucciones para que el Órgano Interno de Control para que realicen la investigación correspondiente y en su momento inicien, tramiten y concluyan el procedimiento de responsabilidad administrativa con motivo de las irregularidades que dieron origen a la presente causa y, en su caso, sancione las faltas administrativas en que hayan incurrido tanto peritos como la agente del Ministerio Público adscrita a la UIEF, así como el agente del Ministerio Público a cargo del levantamiento del cadáver, para que queden constancias en sus expedientes.
Los llama a que den capacitación a su personal y se ofrezca una disculpa a las víctimas indirectas, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, que se traduzca en un compromiso ético, moral y jurídico para orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos se repitan.
Finalmente dijo que se debe de dar instrucción a todas las agencias ministeriales para que cuando conozcan de un presunto suicidio, presuman la existencia de un feminicidio y a partir de ahí deriven el caso a la UIEF.
