A días del regreso a clases a nivel nacional, en un reciente fallo judicial, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, Jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedido un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), lo cual se dio a conocer durante la tarde del pasado lunes.
La resolución ordena la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, y en su lugar, se insta a utilizar los libros del ciclo pasado.
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Durante una audiencia celebrada el 18 de agosto, la jueza otorgó protección legal a la UNPF y también requirió que se implemente una estrategia para incorporar en las escuelas de nivel básico los programas y libros de texto utilizados en el ciclo 2022-2023.
El fallo establece que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales están obligados a cumplir con esta medida. Además, se indica que deben acatar la decisión el subsecretario de Educación Básica, el director General de Materiales Educativos y la directora General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
La sentencia sugiere que se establezca un método de distribución virtual o física, u otro enfoque que garantice la entrega puntual de los materiales a los niños y adolescentes, tomando en consideración las particularidades de cada entidad federativa.
De igual forma, se desprende que para cumplir con esta disposición y en línea con el principio de progresividad de los derechos humanos, las autoridades federales deberán gestionar los ajustes presupuestales necesarios, priorizando el interés superior de los niños y adolescentes.
La jueza había advertido previamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, en caso de no poder implementar la suspensión definitiva ordenada para la UNFP, debía buscar una estrategia para imprimir y distribuir los libros de texto aprobados y utilizados en el ciclo 2022-2023.
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Cabe mencionar que la SEP tiene la posibilidad de apelar la decisión de la jueza Medina Alcántara mediante un recurso de revisión presentado ante un Tribunal Colegiado. Este proceso podría extenderse por al menos tres meses, durante los cuales los jueces colegiados evaluarán el caso y determinarán si confirman, modifican o revocan la sentencia.
Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua
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