/ viernes 18 de mayo de 2018

Designan Juzgado en España por blanqueo en caso Anaya

Los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea estarían favoreciendo al candidato Blanquiazul

MADRID.- El juzgado de Instrucción 4 de Madrid en España, abrió una averiguación previa con el número de expediente 907/18, sobre el presunto delito de blanqueo de capitales por parte del empresario Manuel Barreiro, y el empresario de origen español Juan Pablo Olea Villanueva, quienes fueron acusados de manera anónima de favorecer al Candidato del Frente por México a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.


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Hace unos días el Diario OK de España dio a conocer que se podría abrir una investigación e informaron que el Registro Mercantil Central Español, constato que Olea Villanueva participa en la administración de 14 compañías españolas las cuales carecen de empleados y presentan deudas, por su parte el diario español “La Gaceta” dio a conocer hoy el Juzgado que llevará el caso y mostró además copias del expediente.


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“Fueron presuntos autores intelectuales y materiales de la creación de una estructura financiera para lavar fondos de procedencia ilícita en beneficio del candidato presidencial Ricardo Anaya”, aseguró la fuente anónima en su denuncia.

La investigación es llevada acabo por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), mientras que en México la averiguación también se realiza por parte de la Procuraduría General de la República por el desvío de fondos de manera ilegal a diversos paraísos fiscales de España, Gibraltar y Canadá.

Barreiros Castañeda dueño de la empresa Manhattan Master Plan ya ha sido señalado de beneficiar a Anaya Cortés con 54 millones de pesos, por la compra de una nave industrial en el estado de Querétaro.


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De confirmarse dicha averiguación por parte de la justicia española y como parte del protocolo, los implicados podrían tener entre seis meses y seis años de prisión además de una multa del triple del valor de los bienes, pues así lo demanda el artículo 301 del Código Penal español.

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