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Desde 1994 a la fecha se han cometido en Jalisco al menos seis hechos que pudieran catalogarse como actos de terrorismo debidos al nivel de violencia y volumen de fuego que utilizaron grupos del crimen organizado para atacar a sus rivales o a las autoridades, y que también han cobrado vidas de personas civil. El primer ataque de esta naturaleza registrado en Jalisco se dio el 11 de junio de 1994 cuando explotó un Grand Marquis afuera del Hotel Camino Real.
Se realizaba la fiesta de XV años de Karime Fernández, hija del empresario sinaloense Luis Enrique “Kiki” Fernández Uriarte. Cinco personas murieron y 10 resultaron con heridas.
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Después de ello pararon 16 años y el 3 de diciembre de 2010 un grupo de sicarios lanzaron una granada de fragmentación y dispararon fusiles de asalto afuera del bar Lydo’s Show Center, de Zapopan. El saldo fue una persona muerta y 17 lesionados. Ese mismo año, el 10 de diciembre de 2010, durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe en Tecalitlán sujetos armados lanzaron granadas en contra de los presentes lo que dejó 11 muertos y al menos 30 heridos. La madrugada del 15 de enero 2011 un grupo armado lanzó una granada en el bar La Vida Divina. En el hecho hubo registro de dos personas fallecidas.
EL 11 de febrero 2011 sicarios detonaron granadas en el Butter Club, a unos metros de La Minerva. El ataque dejó muertos y 37 heridos. El 31 de marzo de 2013 un grupo criminal arrojó granadas en el Bar Ruta 66 ubicado en ese entonces en la Avenida Francisco Javier Mina, cerca de la Calle Francisco González Bocanegra. En el lugar murieron dos personas y días después tres más resultaron lesionadas.
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El caso más reciente ocurrió el 11 de julio de 2023 en Tlajomulco donde un grupo criminal detonó siete artefactos explosivos que dejaron 6 muertos y 15 heridos. Aunque estos hechos cumplen con lo que marca el artículo 139 del Código Penal Federal sobre el terrorismo, ninguno de los casos fue clasificado como tal por las autoridades estatales.
Dicho artículo señala que comete acto de Terrorismo “quien, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, así como intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional”.
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“Lo que hoy vemos es que sube el volumen de fuego, sube la logística y los ataques que ya poco importa si van dirigidos a la autoridad, sino que también están resultando heridos ya civiles en estos combates urbanos, actos de terrorismo, en mi opinión que generan daños colaterales, bajas de civiles, de ciudadanos, entre ellos niños, lo cual me parece altamente preocupante”, explicó el integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso.
Derivado del caso más reciente ocurrido en Tlajomulco, la Fiscalía detuvo a dos sujetos que fueron imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones, delitos cometidos en contra de representantes de la autoridad y apología del delito.
Sin embargo, para Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización civil Causa en Común, la Fiscalía también debió imputar el delito de terrorismo. “Claro, porque al final de cuentas fue un acto deliberado en contra de, no solamente de los policías y los civiles que resultaron heridos y que perdieron la vida por esta situación, sino que estaba diseñado para causar daño, causar terror, causar alarma y causar presión hacia el gobierno (...) sobre el control que este grupo o que estos delincuentes intentan reflejar que tienen control sobre este territorio”. Para Francisco Jiménez Reynoso la detención ha dejado más dudas que respuestas.
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“Lo cual me parece dejan un gran vacío, dejan más preguntas que las respuestas que podría dar la autoridad y no nos dicen en qué grado y cuántos participaron, no nos dicen los motivos del evento, del acto”. La investigadora de la organización civil Causa en Común recalcó que los grupos criminales utilizan este tipo de artefactos para llamar la atención de la sociedad y autoridades y exponer su capacidad de fuego. “Pues justamente nos habla de una forma de combate distinta, por así llamarlo, una forma de agresión en donde se busca hacer no solamente el mayor daño posible sino también llamar toda la atención posible”, recalcó.
Jiménez Reynoso dijo que estos actos por parte de los grupos delictivos han dejado en claro que el poder de fuego rebasa las capacidades de las autoridades federales y estatales. "Todos estos en menos de una semana se han llevado a cabo actos de terrorismo, aislados de alguna manera o probablemente algunos podrían estar articulados, sin embargo, pues parece ser que la autoridad está rebasada”.
De enero a junio en México se han registrado al menos 14 hechos de terrorismo contra autoridades y sociedad civil, de acuerdo a datos de la agrupación civil Causa en Común. Se han cometido estos atentados en Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Colima, Morelos y Guanajuato.
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