/ martes 7 de marzo de 2023

Fiscalía interroga a Dina Boluarte por muertes en protestas de Perú

Boluarte enfrenta una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo interrogada este martes por la fiscalía tras la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses.

La mandataria de 60 años llegó antes de las 09.00 horas locales en una camioneta fuertemente escoltada, según imágenes televisadas.

Puedes leer también: Mueren militares en Perú al huir de manifestantes

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien investiga la muertes de manifestantes en choques con la fuerza pública, es la encargada de tomar declaración a Boluarte.

Ella tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.

La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Pobladores se enfrentan a la policía peruana. Foto: Reuters

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están implicados en el proceso.

Boluarte puede ser investigada, pero no llamada a juicio mientras ejerza su mandato hasta 2026 por el fuero presidencial que le otorga la Constitución.

Este martes la dirigente de izquierda cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 54 personas fallecidas, incluidos seis soldados que murieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, epicentro de las protestas.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado mil 300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo interrogada este martes por la fiscalía tras la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses.

La mandataria de 60 años llegó antes de las 09.00 horas locales en una camioneta fuertemente escoltada, según imágenes televisadas.

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La fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien investiga la muertes de manifestantes en choques con la fuerza pública, es la encargada de tomar declaración a Boluarte.

Ella tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.

La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Pobladores se enfrentan a la policía peruana. Foto: Reuters

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están implicados en el proceso.

Boluarte puede ser investigada, pero no llamada a juicio mientras ejerza su mandato hasta 2026 por el fuero presidencial que le otorga la Constitución.

Este martes la dirigente de izquierda cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 54 personas fallecidas, incluidos seis soldados que murieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, epicentro de las protestas.

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