/ jueves 13 de abril de 2023

Continúan protestas en Francia por reforma a pensiones con menos manifestantes

Se contabilizaron 380 mil manifestantes en toda Francia, la segunda cifra más baja después de la protesta del 11 de marzo

La duodécima jornada de protestas contra la reforma de pensiones en Francia atrajo a menos manifestantes que en las anteriores en la antesala del esperado dictamen del Consejo Constitucional sobre la impopular norma que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

De acuerdo con los números del sindicato CGT, en Francia hubo 1.5 millones de manifestantes en las 280 protestas, frente a los dos millones de la anterior convocatoria del 6 de abril.

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En todo caso, la de este jueves se trató de una de las menores estimaciones de participantes entre las 12 movilizaciones convocadas contra la reforma.

De parte de las fuentes oficiales de la Prefectura, se contabilizaron 380 mil manifestantes en toda Francia, la segunda cifra más baja después de la del 11 de marzo.

En la capital gala, donde también se registró una caída de participantes, hubo al menos 36 detenidos y 10 policías heridos, uno de ellos de relativa gravedad.

Los eslóganes contra Emmanuel Macron, al que acusan de autoritario por haber aprobado la reforma sin un voto en la Asamblea Nacional, se mezclaron esta vez con el sentimiento de expectación de los participantes de la marcha, en la víspera de que el Consejo Constitucional dictamine si valida -total o parcialmente- o no la controvertida ley.

Thierry, un informático de 60 años, está afiliado al sindicato mayoritario en Francia, el CFDT. Vestido con el chaleco naranja de su organización, el empleado de Thales tiene los ojos puestos en los conocidos en Francia como "sages" (sabios), los nueve miembros del Consejo Consejo Constitucional presididos por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius.

"La calle sigue en pie, que todo el mundo sepa que nos oponemos rotundamente a esta reforma. Y 'los sabios' no pueden cerrar los ojos ante esta movilización", apeló en declaraciones a EFE Thierry, quien, en caso de que la ley no sea censurada, guarda una última esperanza: un Referéndum de Iniciativa Popular (RIP).

Si para este RIP presentado por la izquierda los "sages" no encuentran peros constitucionales, se abriría la puerta a una nueva batalla de nueve meses que pasaría por conseguir apoyo del 10 por ciento del cuerpo electoral (unas 4.87 millones de firmas) para que ese referéndum se celebrara.

"Cabe a la población francesa decidir si queremos o no esta reforma y estoy seguro de que la población se opone a ella, es más del 70 por ciento de la población y del 90 por ciento de los activos", sostuvo Thierry, quien se verá parcialmente afectado por la reforma, pues tendrá que trabajar nueve meses más si entra en vigor.

El Consejo Constitucional, situado en la calle Monpensier, una discreta vía en las proximidades del Louvre, está ya acordonado para evitar manifestaciones. Antes de ese dispositivo, se habían colocado contenedores de basura para bloquear la entrada del edificio.

La manifestación de París registró algunos altercados en su último tramo, sobre todo por la plaza de Bastilla e inmediaciones. En el inicio de la movilización, hubo una invasión de una tienda de la marca de lujo LVMH en los Campos Elíseos por parte de un grupo de sindicalistas que terminó sin incidentes reseñables.

También hubo tensión en ciudades como Rennes, Nantes y Lyon, con enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Los dos principales líderes sindicales del país, Laurent Berger (CFDT) y Sophie Binet (CGT), alertaron que el combate no acabará con la decisión judicial de mañana, dando a entender que esperan que sea favorable al Gobierno de Emmanuel Macron.

El presidente, quien ha estado en los últimos días de viaje oficial en China y luego en los Países Bajos, dijo estar disponible para reunirse con los sindicatos, una vez que la ley haya pasado el cribo constitucional, algo que ha indignado a los representantes de los trabajadores.

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A pesar de las presiones sociales y políticas, Macron ha mantenido su reforma contra viento y marea alegando que el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años es fundamental para el equilibrio de las cuentas públicas.

La duodécima jornada de protestas contra la reforma de pensiones en Francia atrajo a menos manifestantes que en las anteriores en la antesala del esperado dictamen del Consejo Constitucional sobre la impopular norma que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.

De acuerdo con los números del sindicato CGT, en Francia hubo 1.5 millones de manifestantes en las 280 protestas, frente a los dos millones de la anterior convocatoria del 6 de abril.

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En todo caso, la de este jueves se trató de una de las menores estimaciones de participantes entre las 12 movilizaciones convocadas contra la reforma.

De parte de las fuentes oficiales de la Prefectura, se contabilizaron 380 mil manifestantes en toda Francia, la segunda cifra más baja después de la del 11 de marzo.

En la capital gala, donde también se registró una caída de participantes, hubo al menos 36 detenidos y 10 policías heridos, uno de ellos de relativa gravedad.

Los eslóganes contra Emmanuel Macron, al que acusan de autoritario por haber aprobado la reforma sin un voto en la Asamblea Nacional, se mezclaron esta vez con el sentimiento de expectación de los participantes de la marcha, en la víspera de que el Consejo Constitucional dictamine si valida -total o parcialmente- o no la controvertida ley.

Thierry, un informático de 60 años, está afiliado al sindicato mayoritario en Francia, el CFDT. Vestido con el chaleco naranja de su organización, el empleado de Thales tiene los ojos puestos en los conocidos en Francia como "sages" (sabios), los nueve miembros del Consejo Consejo Constitucional presididos por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius.

"La calle sigue en pie, que todo el mundo sepa que nos oponemos rotundamente a esta reforma. Y 'los sabios' no pueden cerrar los ojos ante esta movilización", apeló en declaraciones a EFE Thierry, quien, en caso de que la ley no sea censurada, guarda una última esperanza: un Referéndum de Iniciativa Popular (RIP).

Si para este RIP presentado por la izquierda los "sages" no encuentran peros constitucionales, se abriría la puerta a una nueva batalla de nueve meses que pasaría por conseguir apoyo del 10 por ciento del cuerpo electoral (unas 4.87 millones de firmas) para que ese referéndum se celebrara.

"Cabe a la población francesa decidir si queremos o no esta reforma y estoy seguro de que la población se opone a ella, es más del 70 por ciento de la población y del 90 por ciento de los activos", sostuvo Thierry, quien se verá parcialmente afectado por la reforma, pues tendrá que trabajar nueve meses más si entra en vigor.

El Consejo Constitucional, situado en la calle Monpensier, una discreta vía en las proximidades del Louvre, está ya acordonado para evitar manifestaciones. Antes de ese dispositivo, se habían colocado contenedores de basura para bloquear la entrada del edificio.

La manifestación de París registró algunos altercados en su último tramo, sobre todo por la plaza de Bastilla e inmediaciones. En el inicio de la movilización, hubo una invasión de una tienda de la marca de lujo LVMH en los Campos Elíseos por parte de un grupo de sindicalistas que terminó sin incidentes reseñables.

También hubo tensión en ciudades como Rennes, Nantes y Lyon, con enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Los dos principales líderes sindicales del país, Laurent Berger (CFDT) y Sophie Binet (CGT), alertaron que el combate no acabará con la decisión judicial de mañana, dando a entender que esperan que sea favorable al Gobierno de Emmanuel Macron.

El presidente, quien ha estado en los últimos días de viaje oficial en China y luego en los Países Bajos, dijo estar disponible para reunirse con los sindicatos, una vez que la ley haya pasado el cribo constitucional, algo que ha indignado a los representantes de los trabajadores.

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A pesar de las presiones sociales y políticas, Macron ha mantenido su reforma contra viento y marea alegando que el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años es fundamental para el equilibrio de las cuentas públicas.

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