Diferentes sectores de la sociedad externaron su preocupación por la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio. Empresarios y activistas advierten que esta ley violenta la presunción de inocencia y es anticonstitucional, pero particularmente genera una “caja chica” para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Esto, debido a que con la nueva ley se faculta al Ejecutivo y a su gabinete social —figura que aún no es estipulada legalmente—, para disponer mediante una cuenta bancaria de los recursos obtenidos por la venta anticipada de los bienes y recursos incautados al crimen organizado o a personas corruptas, aun cuando no hayan sido declaradas culpables.
Verónica Juárez Piña, coordinadora parlamentaria del PRD en la Cámara baja, adelantó que impugnaran la Ley de Extinción de Dominio que fue avalada por la mayoría de los legisladores morenistas, que dominan el Congreso, el pasado 25 de julio y entrará en vigor 30 días después.
Adelantó que la impugnación que realizarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación será, en principio, por las inconsistencias constitucionales que tiene la ley sobre el destino y el manejo irregular de recursos, pues explicó que “no hay mecanismos transparentes, y nosotros consideramos anormal que se deje al criterio del Presidente el manejo de los recursos, porque si bien es cierto que hay un comité social, al final quien va a terminar por definir su destino es el Presidente”.
La diputa por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, una de las más críticas hacia esta ley, expuso a este rotativo que al establecer esta normativa, uno de sus aspectos que más le preocupa es que el fondo al que irán los recursos es una figura qué no existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública que es el Gabinete Social del Poder Ejecutivo.
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