En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 87 alcaldes, exalcaldes y candidatos para ese puesto han sido asesinados por el crimen organizado, de acuerdo con información de Fiscalías estatales obtenida por El Sol de México a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La cifra es casi tres veces mayor a la registrada durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (30) y supera a la del panista Felipe Calderón (47).
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El último homicidio ocurrió hace una semana en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. El exalcalde Eduardo Cervantes fue asesinado a balazos cuando viajaba en la carretera a Chapala por un sujeto que alcanzó su automóvil y abrió fuego.
Jalisco es uno de los estados de la República en el que más alcaldes, exalcaldes y aspirantes al cargo han sido asesinados (siete) desde que López Obrador asumió la Presidencia, en diciembre de 2018.
De acuerdo con la información obtenida, la lista la encabeza el estado de Oaxaca con 16 homicidios, seguido por Michoacán y Veracruz, con siete cada uno; Guanajuato con seis y Sinaloa, Sonora y Chiapas con cinco casos.
En menos de una semana, entre el 5 y el 11 de octubre, dos exalcaldes fueron asesinados: Wilman Monje, de Gutiérrez Zamora, Veracruz, luego de dejar a su hijo en la escuela; Ismael Cástulo Guzmán, de Chichihualco, Guerrero, así como el presidente municipal de San Miguel Totolapan, el perredista Conrado Mendoza.
Herminio Corral, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), advirtió que los alcaldes son altamente vulnerables a ser blanco de atentados por parte del crimen organizado, debido a la falta de consecuencias que implica matar a un político en este tipo de encargos.
“Realmente no hay investigaciones sobre estos crímenes y eso provoca que no se conozca el móvil de estos actos, pero además envía un mensaje de empoderamiento a los criminales por encima de la fuerza del Estado, ya que en la mayoría de los casos quedan impunes”, afirmó en entrevista con este diario.
De acuerdo con Corral, los ataques contra autoridades locales y estatales han aumentado más de 60 por ciento en los últimos dos años y el número de alcaldes y alcaldesas que viven amenazados por el crimen organizado es cada vez mayor.
“La situación es que los alcaldes, como el resto de las autoridades locales y estatales, han sido relegados en todos los sentidos. Primero, a los alcaldes y alcaldesas del país no se les tiene una silla de representación en el Consejo Nacional de Seguridad; después, y de lo más grave, es que cada día se les asfixia más en cuanto a sus ingresos y fondos para contar con policías medianamente capacitadas para enfrentar el avance de los grupos del crimen organizado”, explicó.
El exdiputado federal panista consideró que decisiones como la de desaparecer el Programa de Fortalecimiento para Seguridad (Fortaseg) coloca a los alcaldes y otras autoridades estatales, como regidores y síndicos, en el blanco del crimen organizado.
Según la información recabada, de los 87 homicidios ocurridos durante la presente administración, 18 han sido en contra de alcaldes electos; 29 estaban en funciones y 40 ya habían concluido su gobierno.
La organización internacional Crisis Group afirma en su informe “México y sus alcaldes olvidados: gobierno local y la lucha contra el crimen”, que la violencia contra funcionarios locales, especialmente los alcaldes, es un problema apremiante en todo México y que a pesar de que las razones por las que se ataca a determinados ediles rara vez son claras, generalmente se entiende que estos funcionarios son castigados por su aparente apoyo a grupos criminales rivales o por negarse a cooperar con un grupo en particular.
De acuerdo con la organización, los alcaldes a menudo enfrentan un acto de malabarismo al negociar entre las exigencias de organizaciones criminales, mientras manejan las expectativas de los electores y supervisan las fuerzas policiales locales, escasas de recursos y con la moral por el suelo.
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“Los alcaldes mexicanos, que son frecuentemente atacados por el crimen organizado, han sido marginados en la lucha por contenerlo. La corrupción local y la magnitud de la violencia llevaron a las autoridades nacionales a minimizar el poder de los gobiernos municipales y recurrir al Ejército para supervisar la seguridad pública”, destaca el informe.
En el documento también alerta que los grupos del crimen organizado, que tradicionalmente se concentraban en sitios de valor estratégico para el narcotráfico transnacional, como las carreteras que sirven como puntos de entrada a Estados Unidos o los puertos marítimos que se utilizan para enviar drogas, actualmente han ampliado sus actividades, infiltrándose en los gobiernos locales y poniendo su mirada en los municipios más pequeños que, aunque a menudo son más pobres, siguen teniendo recursos que extraer. “Las autoridades locales, como son los alcaldes, se convierten entonces en el blanco bajo la amenaza de plata o plomo”.
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