Previo a la reunión que sostendrán habitantes de las inmediaciones de la presa de El Zapotillo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, emitió un comunicado en donde en primera instancia se compruebe con peritajes técnicos que a 80 metros la cortina no inundará la población de Temacapulín.
En este documento el ombusman Jalisciense plasma la preocupación sobre este problema en donde “el diseño y construcción de la presa ha implicado múltiples violaciones de derechos humanos que esta defensoría del pueblo ha documentado en las Recomendaciones 35/2009 y 50/2018, así como en el Pronunciamiento 05/2008 en torno al proyecto de construcción de la presa El Zapotillo”.
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Con esas recomendaciones -explican- se acreditaron la vulneración de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la libertad para el acceso a la información, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud”.
Ante esta serie de violaciones a los derechos humanos, fue que en la última recomendación se reiteró la necesidad de contar con esos peritajes técnicos “independientes” en los cuales se demuestre la “no inundación de la comunidad de Temacapulín con una presa con altura de cortina de 80 metros y se anuncie públicamente la liberación de la población de Temacapulín de la posibilidad de sufrir inundación, o de ser afectada por un desplazamiento forzoso”.
Además requieren de una auditoría independiente y una revisión de la situación actual del proyecto, se transparenten los recursos, proyectos y presupuestos. Pero también exigen evitar la incertidumbre generada entre los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para dar paso a mecanismos de comunicación para atender las inquietudes e inconformidades de sus habitantes.
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Otro de los puntos esenciales es proporcionar toda la información necesaria sobre el proyecto y se consulte a los pueblos y a sus gobiernos en todo lo concerniente a las obras que se pretenda realizar, ya que serán ellos los directamente afectados con cualquier decisión.
También piden que se haga la reparación integral del daño a las personas desplazadas, que se les indemnice de forma justa y se les dote de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación y la vida campesina que se ha visto afectada”.
Recuerdan que en esos documentos se solicita la gestión social para el desarrollo de las comunidades a efecto de salvaguardar sus derechos humanos, con énfasis en el acceso a la educación, a la protección de la salud, al desarrollo integral, a la permanencia y arraigo, que se han visto particularmente afectados.
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Hace un reconocimiento a la iniciativa de los gobiernos para dialogar con los pueblos. “El encuentro anunciado representa una oportunidad para construir y fortalecer políticas hídricas de mediano y largo plazo que sean respetuosas de la naturaleza, las personas y los territorios. Sin duda este es un desafío mayúsculo para la transformación de México y la refundación de Jalisco”.
Por eso consideran que es momento de transformar las políticas públicas de abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas, “ya que resulta evidente la necesidad de un nuevo modelo de gestión integral del vital líquido”.
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