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Ante las deficiencias que se encontraron en el seguimiento de los acuerdos, los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana aprobaron que se actualice el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (PotMet) pero con un mecanismo de evaluación y seguimiento para determinar las áreas a mejorar, así como la necesidad de actualizar los atlas de riesgos.
Según el documento elaborado por el personal del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) entregado a los presidentes municipales, se detectó que no existe esta herramienta de evaluación por lo que el análisis hecho se hizo a partir de los elementos que se tenían a la mano y se determinó que hay carencias en el servicio del transporte público fuera del periférico, sobre oferta de reservas urbanas y se tienen 63 licencias para desarrollo de viviendas en zonas donde no hay servicios básicos.
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Actualmente no se cuenta “con un mecanismo que permita evaluar indicadores, metas y temporalidad en el cumplimiento del plan", por lo tanto, la evaluación se realizó con el análisis territorial y documental de las estrategias del plan al generar “líneas base, metodologías y criterios para estudiar los efectos de la implementación del instrumento”.
Para tales fines las fuentes de información utilizadas fueron los censos de población y vivienda, instrumentos municipales planeación, leyes y reglamentos de los tres niveles de gobierno, así como información de dependencias gubernamentales.
De toda esta evaluación se determinó que hay 48 vialidades emergentes (fuera del periférico) y “son núcleos de población que están en alguna condición de marginación y no tienen servicios consolidados, les falta equipamiento, conectividad, actividades económicas, son esas zonas de la ciudad en donde la gente tiene que hacer largos desplazamientos para acceder a sus fuentes de empleo y servicios básicos”.
Algunos de los análisis indican por ejemplo, que del 2016 a la fecha se logró detener algunos desarrollos habitacionales lejos de los servicios básicos pero también se detectó que las comunidades que están dentro del periférico tienen cobertura suficiente del transporte público pero en las que se instalaron fuera de esa vialidad “la capacidad del servicio del transporte público no es tan óptima".
Es decir, el 36% de las comunidades tuvo mejoras en este servicio, pero el crecimiento disperso se dio hacia los corredores de López Mateos, Tesistán y Aldolf Horn, “el 90% de las zonas cuentan con una ruta del transporte público a 400 metros caminando y en el caso de sustentabilidad ambiental solo dos de los nueve municipios consideran el polígono de fragilidad ambiental dentro de sus instrumentos de planeación”.
Además el 46% de los bosques urbanos tuvieron mejoras notables en infraestructura, equipamiento y vegetación, las áreas naturales protegidas con mayor presión urbana son el Bosque del Nixticuil, El Diente, Colomos, la zona de recuperación ambiental de El Bajío y el Bosque de la primavera.
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Se estima que entre 2016 y 2022 se perdieron mil 568 hectáreas debido al crecimiento de asentamientos irregulares y desarrollos habitacionales, “siendo las áreas de conservación y protección ambiental las que representan el 775 de esta pérdida”.
Aclaró que el que se haya dado esta pérdida en estos seis años no es indicativo de que las licencias se otorgaron en estas fechas sino que muchas de ellas ya estaban desde antes pero el impacto se resiente en este momento y agregó que en esta administración se evitó que 63 licencias para desarrollos habitacionales se detuvieran porque se pretendía construir en zonas sin servicios
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