Proteger a los menores victimas del feminicidio, propone ladiputada Rocío Corona y plantea que el juez penal imponga comomedida de seguridad y pena, la pérdida de la patria potestad delos padres causantes de dicho delito y que se les impida el derechode visitas y convivencia, “porque no es posible obligar a losniños a estar con su padre cuando fue precisamente él quien learrancó la vida a su madre”.
En Jalisco, a partir de 2012, el feminicidio es consideradodelito y en abril de este año se incrementó la pena de 40 a 70años de prisión, la más alta en el Código Penal.
Lamentó que como Legislatura “nos quedamos a la mitad delcamino, pasamos por alto a los huérfanos del feminicidio,víctimas invisibles de un delito que ensombrece a lasociedad”.
Su propuesta es que una vez que ocurra el feminicidio y aunqueno haya sentencia para el agresor, de forma inmediata el menorrecibirá la atención psicológica y asistencial de emergencia,que requieren hasta su mayoría de edad. En la Ley de Víctimasestá el Fondo de Atención a Víctimas para apoyar y la ayudaeconómica sea de mil 500 pesos mensuales, beca escolar de útiles,uniforme y transporte.
También indicó que con el Presupuesto de Egresos del gobiernodel estado, de 2018, destinar una partida para la ejecución delPrograma de Ayuda y Asistencia a Personas Menores de Edad en dichasituación; “llegó la hora de pagar”, agregó.
Hizo hincapié la Legisladora que “la Fiscalía General delEstado señala que hasta marzo de 2017, el número de mujeresasesinadas es de 175, y según el Fondo de las Naciones Unidas parala Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) el promedio es de2.5 hijos huérfanos por víctimas del feminicidio, esto representa437 niñas y niños en desamparado, pero la Fiscalía sóloregistra 122 hijos, de los cuales 64 son menores de edad ensituación de orfandad y de estos actualmente el gobierno delestado sólo atienda a 28 menores; “¿dónde están losdemás?”, cuestionó.
La Fiscalía General debe llevar un padrón único y elMinisterio Público una vez que conozca que es un feminicidio,solicitará la inscripción de la víctima para activar losprotocolos de atención y protección.
