La nómina del Congreso de Jalisco tiene que ser reducida en un número importante de trabajadores, pero debe ser acorde a un plan consensuado entre fracciones y sindicatos para evitar juicios laborales millonarios, señalaron los diputados de Hagamos. Agregan que el plan debe estar aprobado el próximo viernes 31 de marzo.
La diputada Mara Robles, indicó que “la nómina sí se tiene que reducir”, pero sin que se tenga una simulación como se ha hecho en otras legislaturas.
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Por ello, “es claro nuestro pliego petitorio”, en donde piden se implemente el “servicio civil de carrera, concurso abierto público para que se siembre esa bandera en la luna, para que quede el precedente de que sí se puede”.
Junto con Enrique Velázquez, propusieron que se pueda implementar un plan anticipado de jubilación y de retiro voluntario, con transparencia para que así no haya premiados o castigados, sin discrecionalidad y, sobre todo, dejar que la contraloría actúe en los casos que “en este momento incurran en irresponsabilidad”.
También proponen que el tabulador, el catálogo de servicio y el escalafón sean consecuencia de las negociaciones que se realicen con el sindicato mayoritario, con todas las atenciones al sindicato minoritario y a los trabajadores que crean que tienen las posibilidades de mejorar en sus puestos, es decir, en beneficio de los trabajadores, de la efectividad del Congreso y de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
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Con esto la intención es acabar con un sistema corrupto en este teman laboral, con una decisión política trascendental y todo esto debe estar contemplado en el plan que proponga el secretario general del Poder Legislativo, Tomás Figueroa.
Este plan debería estar acorde en parte a la propuesta hecha por el personal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en donde sugieren que el Poder Legislativo podría trabajar sin la presencia de alrededor 600 trabajadores. Sin embargo, los legisladores de Hagamos no se aventuraron a decir cuántos empleados podrían salir en este esquema de reestructuración.
Para todo será necesario asignar los recursos necesarios y que todo el plan no quede en una simulación.
Y es que, una vez puesto en marcha, no se debe dejar de lado el principio del mérito y concurso público para cualquier ingreso del personal.
Uno de los elementos esenciales de ese plan es que se solicite a la Contraloría Interna un análisis profundo para “identificar y remover a empleados con responsabilidad administrativa como los que hayan sido señalados como presuntos aviadores y todos los grupos parlamentarios deberán hacer realidad su compromiso de poner fin al sistema de protección política actual.
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