La bancada de Morena en el Congreso del Estado solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y a la Fiscalía Estatal se aplique el Protocolo para el Tratamiento e ldentificación Forense, publicado por la Fiscalía General de la República el 15 de octubre de 2015.
La diputada Patricia Meza Núñez expuso que el problema de la desaparición de personas en Jalisco no es un tema inédito.
Está el caso de los familiares del joven Óscar Ramírez Reyes, de 20 años de edad, quien desapareció el 7 de febrero de 2014 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y cuyo cadáver fue localizado y estuvo bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado, quien negó a sus familiares información alguna sobre su paradero. Tiempo después, los propios familiares de Óscar descubrieron que por supuestos errores en la carpeta de identificación, así como en la carpeta de investigación, en marzo de 2014, al tiempo que ellos lo buscaban, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Jesús Mario Rivas Souza, iniciaba el trámite para su incineración ante la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, la identidad del joven fue comprobada hasta el 31 de octubre de 2015, cuando los padres de éste solicitaron al lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, la práctica de ADN, identidad del joven, corroborando que las cenizas entregadas a sus familiares no correspondían a las suyas, sino a las de un hombre de 50 años de edad.
Otro caso que indigna, indicó, es el de Carlos Andrés Tadeo, de 32 años, a quien sus familiares buscaron por dos meses, el mismo tiempo que su cuerpo estuvo en el Semefo, lugar donde el propio personal no pudo localizarlo, sino después de transcurrido este tiempo. Por este motivo, la hermana del joven desaparecido escribió un mensaje al Gobernador, en el cual le cuestiona sobre si "en realidad el problema es la falta de espacio para guardar los cadáveres, o el problema es tu pésimo sistema para buscar e identificar personas desaparecidas, el trato con el que lo atienden a uno, (...), las pésimas instalaciones, el sistema de ventilación, el sistema operativo de identificación, toma y comparación de ADN".
Otro caso que destaca es el de Javier T, asesinado en febrero de 2018, y cuyo cadáver permaneció en las instalaciones del IJCF durante nueve meses, sin ser identificado por omisiones en las solicitudes de pruebas periciales.
Desde el día de su desaparición, la familia de Javier emprendió una búsqueda diaria, misma que culminó hasta el mes octubre de 2018, cuando los padres de Javier se realizaron por sexta ocasión una prueba de ADN, con resultados positivos. De esta manera, tras nueve meses de espera, el cuerpo de Javier fue entregado a su familia.
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Los casos de Óscar, Carlos Andrés y Javier no son los únicos registrados, su historia, es el reflejo de la indolencia, indiferencia, negligencia con la que el personal del IJCF y la Fiscalía han venido realizando el manejo de cadáveres de personas al interior de sus instalaciones. Con un trato indigno y degradante tanto a los restos de personas que resguardan y a los familiares que incansablemente los buscan, esto sin observar a cabalidad algún protocolo de actuación aplicable, puntualizó la legisladora.
En el 2013 comenzó a publicarse información sobre el número de personas desaparecidas en Jalisco durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), las cuales sumaron un total de dos mil 175 registros, con los cuales, Jalisco ocupaba el tercer lugar, seguido de la Ciudad de México y el Estado de México. El número de personas desaparecidas en Jalisco, se intensificó durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Para el año de 2015, Registro Nacional de personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) Jalisco registró un total de dos mil 230 personas desparecidas, cifras que de nueva cuenta, colocaron a Jalisco en el tercer lugar a escala nacional, posición que conservó en el año 2016, con dos mil 444 casos. En el año de 2017, la cifra ascendió a nueve mil 120.
Actualmente el Gobierno redujo los más de siete mil casos de desaparecidos a poco más de mil y aumentó el de personas “no localizadas”.
