El dinero no le interesa, lo único que busca es justicia en contra de quien abuso sexualmente de su hija menor de 14 años de edad y que se sancione a la juez Mónica Patricia Íñiguez Soto por actos de corrupción y no querer llevar el caso correctamente al dejar en libertad al acusado.
La señora Yajaira denunció los hechos ocurridos en el municipio de Ocotlán en donde Miguel Ricardo R. alias el “Riqui”, ex esposo de una prima de la mamá de la menor afectada salió libre tras “comprar” todo el caso desde la propia juez hasta los abogados que ella consiguió, para así evitar la cárcel y andar libre en las calles.
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Lo grave de esta omisión, que fue señalada como actos de corrupción y violación al debido proceso, es que su hija lleva tres intentos de suicidio, lo cual considera grave ya que la tranquilidad les fue robada por una persona que abusó de ella, de las acciones de las autoridades que no impartieron justicia y solo ordenan la reparación de daños con seis pagos de 13 mil pesos, cuando se tenían elementos necesarios para procesarlo por abuso sexual infantil y la juez Íñiguez Soto simplemente cerró el caso.
Entre los argumentos de la Juez de Ocotlán para decretar la libertad del señalado de abuso, es que “las evidencias presentadas para argumentar el grave delito, entre ellas, el dictamen psicológico positivo forense de la menor, fueron insuficientes para vincular a proceso al acusado”, explicó la mamá de la menor.
Denuncian irregularidades
Entre las irregularidades denunciadas en este caso está que dentro de los Juicios Orales “fue poca la defensa hacia la parte lesionada”, además, señaló que los derechos de la menor fueron “violentados y atropellados todo el tiempo a tal grado de que se le negara la entrada a una de las audiencias importantes con el argumento de que no era necesario que estuviera presente, dejando en evidencia de que el caso estaba arreglado”.
De los reclamos de justicia Nadir le quiso hacer caso, incluso el Agente del Ministerio Público también dijo “que no alcanza por los agravios y la juez dijo que slo alcanzaba para fianza, has de cuenta que parecía subasta en el Juzgado de Juicios Orales, se fueron a 40 mil, luego a 50 y luego el ofendido puede ofertar, ya al final cerraron una cantidad”, tras lo cual salió libre.
Todo esto a pesar de que el dictamen indica que la menor ante los intentos de suicidio requería de al menos dos años de terapia.
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Ante esta serie de irregularidades en el todo el proceso, la afectada decidió interponer una na queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la juez Mónica Íñiguez y que el caso sea revisado, se hagan las investigaciones correspondientes y se condene a quien resulte responsable.
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