La ausencia de controles, en una militarización decreyada y una Guardia Nacional militarizada, solo generarán más violencia y violación a derechos humanos, coincidieron expertos participantes en el Foro sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Especialistas debatieron los temas en dos mesas y se pronunciaron a favor del fortalecimiento de cuerpos civiles de seguridad y la inmediata reforma policial.
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Y es que las cifras ya ponen a la vista tales escenarios, como lo confirmó el integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), doctor Dante Jaime Haro Reyes, quien por su parte destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones. “Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia”, abundó.
La militarización va ligada con los abusos, desde los primeros presidentes del país que recurrieron a tal medida, precisó el profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Arturo Villarreal Palos, quien recordó que luego éstos terminan -históricamente- dedicándose al narco y después ocupar puestos públicos en fuerzas civiles de seguridad. “Mientras más se profundiza la tarea de los militares más se profundizan las recomendaciones de derechos humanos, y más con los marinos, sin capacidades para lidiar con la sociedad civil”, dijo.
Los especialistas propusieron dotar de recursos financieros a las policías estatales y municipales, esa falta de financiamiento, comentaron, se refleja en los recursos dotados a la Guardia Nacional, que ascienden a 63 mil millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el único fondo vigente para las policías, recibió 8 mil millones de pesos.
Para el investigador de El Colegio de Jalisco, doctor Javier Hurtado González, lo de la Guardia Nacional se trató de una decisión unánime y sin contrapesos políticos. “Se trata de una lamentable decisión del Estado mexicano, de la que nos vamos a arrepentir y que, además, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, el Senado y por todas las legislaturas estatales”.
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El doctor Carlos Ramiro Ruíz Moreno, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, destacó por su parte que la Guardia Nacional plantea una contradicción al pacto federal: Desde 1824 se acordó organizar la seguridad pública de cada Estado en coordinación con el gobierno federal, y no por imposición del Ejecutivo. “Estamos presenciando una determinación centralista que cambia o que muta el vocacionamiento de México como país para convertirse en una república centralista”, concluyó.
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