En la controversia constitucional 177/2021 entre Universidad de Guadalajara y Gobierno del Estado, el Poder Legislativo es parte demandada, por lo que responderá hasta el 21 de febrero próximo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no hacerlo, pueden ser sujetos de multas y caer en desacatos, sentenció la diputada Priscilla Franco Barba, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado en sesión ordinaria.
En asuntos varios, la legisladora ante los señalamientos de la Bancada de Hagamos en especial del diputado Enrique Velázquez, respondió:
"Al margen de si estoy de acuerdo o no, mi obligación es defender todas y cada una de las decisiones que tome este Poder público, sino la Presidencia incurrirá en responsabilidades graves", aseveró.
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Aún no se da respuesta a esa controversia constitucional, "pero daremos puntual respuesta a la controversia constitucional 177/2021 a más tardar el 21 de febrero porque de no hacerlo estaría dejando en estado de indefensión a este poder público y no me lo voy a permitir y además me estaría llamando a intereses ajenos a este poder Legislativo", señaló la diputada Franco Barba.
Lamentó que diputados y diputadas de "manera errónea y quizás con intenciones no muy claras y argumentos falaces pongan en entredicho acciones legales que desde la Mesa Directiva actúa con decisiones que la ley le confiere para defender actos que el Congreso del Estado aprobaron en asamblea.
En la controversia constitucional 177/20221, el Congreso no es un tercer interesado, contrario a lo que dice Hagamos, el Legislativo es parte demandada y se le requiere al Congreso a través de la parte jurídica los actos reclamados, puntualizó.
""Resulta falso y tendencioso argumentar que el Congreso del Estado de Jalisco está renunciando a ejercer sus atribuciones constitucionales con las que cuenta para la aprobación del presupuesto, tema que no siquiera se está discutiendo", manifestó la presidenta de la Mesa Directiva.
Dice que hay desconocimiento, falta de información que se está dando por parte de diputados al realizar afirmaciones tan temerarias, (que el Congreso no defiende).
Desde la Mesa Directiva refrendó, indicó Franco Barba su compromiso y de sus miembros, es realizar cada una de las atribuciones y cumplir con cada una de las obligaciones que tiene de manera institucional al margen de colores partidistas y políticos.
Exhortó a los diputados y diputadas a "no basar sus argumentos en supuestos tendenciosos y que soportemos con elementos técnicos/jurídicos nuestras aseveraciones".
Reconoció al área de Procesos Legislativos y Jurídicos en la atención de todos los asuntos que hay más de 5 mil 500 asuntos jurídicos.
"Me niego rotundamente a renunciar a las atribuciones y obligaciones que está Asamblea me confirió como Presidenta, ni a defender, ni atender intereses particulares de ninguna representación, ni Grupo Parlamentario".
Se ha cuestionado la legalidad de la interposición de recursos de reclamación que se presentaron.
La ley orgánica obliga a defender los actos del Congreso y este acto que es de expedición de normas que fueron avaladas por la mayoría de la asamblea como autoridad máxima.
Al poder Legislativo en el decreto 28287/LXII/20 del presupuesto de egresos del estado 2021 publicado el 28 de diciembre del 2020 en el periódico oficial del Estado. Ley del presupuesto de egresos del estado; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Todos son actos constitucionales aprobados por la asamblea por mayoría.
"El no responder a los requerimientos de la suprema corte de justicia de la nación puede ocasionar que la mesa y la propia asamblea tenga multas y hasta puede caer en el desacato en su momento", detalló.
No contestar a la corte puede generar que la mesa directiva y la asamblea en pleno puedan ser sujetas a multas y caer en desacatos.
La mesa directiva tiene la representación jurídica del Congreso y es su obligación dar respuesta a los requerimientos que se reciben dentro de los procesos jurisdiccionales que enfrenta este poder.
Es "falso e infundado argumentar que para poder dar respuesta a un requerimiento jurisdiccional que dirime el Legislativo se tenga que pedir autorización a esta Asamblea".
Dijo que desde que asumió la presidencia tomo la decisión de informar de todos los asuntos y fue el pasado 11 de enero que se recibió la notificación, de dicha controversia constitucional relacionada a los 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales y se turnó a procesos Legislativos. El 27 de enero se hizo del conocimiento del Pleno, la notificación.
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