Con la ley en la mano, Jalisco recupera hasta el último centímetro de sus playas y poco a poco ha revertido el porcentaje que registraba en 2017 cuando de sus 300 kilómetros de litorales el 82% estaba en manos de particulares. Hoy se asegura que el 100% se han liberado y aunque en los últimos tres años se han dado otros intentos como en playa Esmeralda, Mismaloya, el Paredón y Tenacatita, ciudadanos y municipales lo han evitado.
Dos leyes lo respaldan tanto a nivel federal como estatal que implican severas sanciones que van desde multas de 40 mil a 3 millones de pesos hasta la revocación de la concesión.
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Lo más importante es que ante los pocos inspectores que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le han dado facultades a los municipios al permitirles que ellos decidan si autorizan o no el cambio de uso suelo.
Playas privadas
Antes del 2017 el entonces diputado y luego presidente municipal de Puerto Vallarta Ramón Demetrio Guerrero dio a conocer que de los 300 kilómetros de litorales de Jalisco el 82% estaban privatizados de manera anómala. Esto a pesar de lo ya plasmado en el artículo Séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes:
I. ...II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes con excepción de aquellas que apruebe la Secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y III. ...y que se refuerza con el 17 de la misma carta magna:
II. “Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas deberán permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales”.
Y que incluso ya desde entonces daba facultades para una decidida intervención de la autoridad: “En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República para que por su conducto se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso”.
No obstante todo lo anterior los hoteles ejercían entonces el poder de permitir quienes se asentaban en sus playas o no, pese a que ya la Constitución de la República lo prohibía y era clara al señalar que eran espacios libres y de acceso a todos los mexicanos. Evitaron caminos de tierra o accesos y creció considerablemente el número de playas a las que solo se puede ingresar a la fecha solo por mar.
Así surgieron playas como las de Quimixto, Yelapa, las Ánimas, hacia la zona sur del puerto. Y hacia el norte las playas de Punta de Mita, en similares condiciones. Tramposamente grandes edificios crecieron a todo lo largo de la costa y abarcaron todo el litoral, evitando accesos a las que consideraban “sus playas”.
Los casos más icónicos: Las Gemelas, las de la zona de la Marina, la de Mismaloya y la de Tenacatita en la costa Alegre, donde incluso usaron más de 200 policías armados en el año del 2010 para despojar a 175 ejidatarios de sus predios. En este último caso el litigio sigue, pero el Gobierno de Jalisco ha garantizado el acceso de los ciudadanos a dicha playa.
Modifican las leyes
Eso justamente motivó a legisladores a plantear una iniciativa de reforma constitucional que penaliza a quienes privaticen las playas y la misma fue aprobada en el Congreso del Estado, pero además avalada por un total de 68 municipios del Estado de Jalisco más de la mitad para hacerla efectiva.
La reforma al Art. 15 de la Constitución de Jalisco no provoca que los hoteles pierdan la facultad del derecho de admisión a sus instalaciones, pero sí garantiza que la playa sea libre. La iniciativa de reforma el artículo 15 de la Constitución de Jalisco explica que la atribución de otorgar usos de suelo es de los ayuntamientos y por ello habrán de acatar esta ley. Los “acordonamientos” con postes y cuerdas que imponen los hoteles son ilegales como también las restricciones que todavía han querido imponer sobre todo algunos extranjeros para que las personas no pasen por esa supuesta playa exclusiva. Toda conducta de este tipo puede ser denunciada.
En 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que “se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la obligada a hacerlo valer y trabajar para que todos los mexicanos disfruten de sus playas.
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Con este decreto presentado por el Congreso y firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pretendió poner fin a la privatización de playas a favor de intereses particulares y abrir estos espacios para que todas las personas por igual ejerzan su derecho de libre tránsito.
