La integrante del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Yoloxóchitl Corona mostró su preocupación por que la violencia política contra las mujeres en razón de género no está considerada como un problema grave a pesar de la proliferación de leyes al respecto, mientras que a nivel nacional es una falta grave.
Además, indicó que entre los retos del sistema estatal de sanciones en el ámbito electoral, penal y de responsabilidad administrativa en Jalisco (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral de Jalisco (TEEJ), Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, Agencias del Ministerio Público, Centro de Justicia para las Mujeres, Contraloría del Estado de Jalisco y los Órganos Internos de Control Municipal), durante el proceso electoral 2024 será que estas instituciones atiendan las denuncias y garanticen la justicia por violencia política contra las mujeres en razón de género.
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La investigadora en material electoral advirtió que algunas instituciones carecen de infraestructura para atender las posibles denuncias por violencia hacia las mujeres, principalmente en los municipios de la entidad.
“El reto todavía sigue siendo muy grande sobre todo cuando salimos de las zonas en donde en Jalisco se concentran las instituciones que podrían atender y sancionar. Cuando nos vamos a ciertas regiones que tienen una menor infraestructura institucional de soporte a estas medidas pues se va haciendo mucho más complejo y efectivamente hay un rezago mayor, pero veremos hasta dónde alcanza a estirarse la liga en estas elecciones”.
Yoloxóchitl Corona hizo un comparativo con los procesos electorales anteriores, indicó el sistema de instituciones de responsabilidad administrativa no estaban conformados los órganos internos de control, por ello, las denuncias realizadas quedaron archivadas.
En el trienio municipal que está por concluir, mencionó que las principales víctimas de la violencia han sido las regidoras de los 125 municipios de Jalisco.
“Son indispensables, sobre todo porque en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género el nivel municipal sigue siendo el eslabón más débil, las mujeres regidores que entraron especialmente por principio de paridad, durante toda esta administración han sido las que más han experimentado violencia de este tipo y sin embargo no ha habido la estructura para que se genere esa sanción o además alguno de esos complejos, situaciones como el hecho de que quienes quedan ahí en las contralorías son elegidos por los presidentes municipales”.
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Integrantes del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales mencionaron que, a pesar de las políticas y medidas para otorgar espacios a grupos relegados históricamente, su participación resulta simbólica; confiaron que para la jornada electoral en curso podría haber cambios para garantizar la integración de mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas indígenas.
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Para ello, comentaron que tendrán una mirada de monitoreo puntual a partir del próximo mes de abril en que inicie las campañas simultaneas a diferentes puestos de elección popular.
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