Al ya no existir ninguna impugnación en tribunales de los resultados del proceso electoral del 2018, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobaron la destrucción de las boletas y toda la documentación ya no útil, por lo que sólo falta determinar el proceso y la empresa que lo llevará a cabo, aunque en esta ocasión no le paguen al organismo el material que destruya y recicle la empresa ganadora.
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El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross indicó que la destrucción de dichos documentos “nos va a ayudar primero porque se trata de un cumplimiento legal y nos va a abrir un espacio importante en nuestras bodegas para poder primero dejar de rentar una porque tenemos dos y en segundo lugar para poder organizar bien el material que vamos a conservar y el espacio que necesitamos para guardar el mobiliario que no se podrá instalar en la nueva sede del instituto”.
Alcaraz Cross detalló que esta acción que aprobaron (con la ausencia de los representantes de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, PT) fue porque ya no hay vigente ningún juicio que haga alusión directa a los resultados de la elección del 1 de julio del 2018 y “finalmente podemos acordar como lo hicimos hoy, la destrucción del material sino tenemos resueltos la totalidad de los juicios”.
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Agregó que con eso ya están en capacidad de poder destruir los documentos y a partir de este momento serán los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y enajenaciones la que fije las reglas para poder destruir los documentos y en ese sentido se deberá de vigilar ya que todos los documentos deben quedar destruidos en su totalidad a su mínima expresión y de todo ello un fedatario será el testigo y aval del proceso que se realice y haga constar que no quedó un sólo rasgo de los documentos.
En el proceso electoral el Instituto Electoral obtuvo 120 mil pesos por la venta de la papelería para su destrucción y reciclaje, pero en esta ocasión por la premura de los tiempos de que deben desalojar las bodegas sería diferente y hasta podrían entregar el material sin un pago a cambio, pero sí con la condición de que no quede evidencias, tal como lo marca la ley.
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“En virtud del espacio que requerimos para guardar los muebles que no estaremos utilizando en la nueva sede, será a partir de la seguridad que nos ofrezcan las empresas y no estaremos aspirando a obtener un beneficio” pero “la idea es que la empresa se encargue no solamente de llevársela y darle un destino, sino destruirla en presencia de un fedatario.
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En la elección del primero de julio del 2018 se emplearon más de 15 millones de boletas correspondientes a la elección de gobernador, presidentes municipales y diputados locales, las cuales tuvieron un costo aproximada a 1.20 pesos cada una y serán destruidas en los próximos días.
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