Aunque no se condenan las medidas implementadas para la protección a la salud, derivadas del botón de emergencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) exigió a autoridades estatales la aplicación de las medidas cautelares que emitieron, para que adultos mayores y embarazadas puedan entrar a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio.
En un comunicado, el organismo condenó “las posibles decisiones arbitrarias y sin sentido humanitario” que han afectado a miles de personas de este sector, ya que durante el actual botón de emergencia por la pandemia se les ha negado el acceso a servicios básicos.
“Esta defensoría realiza un enérgico llamado a que las autoridades actúen con inmediatez en la adecuada y respetuosa aplicación de las medidas, ponderando el derecho a la salud y el acceso a proveerse de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades, a efecto de erradicar cualquier acto que provoque su discriminación; exhortamos igualmente a toda persona prestadora de servicios a evitar actos que impliquen que cualquier persona sea lesionada en su esfera de derechos fundamentales”.
Chécalo:
Hace días el organismo emitió medidas cautelares para solicitar a autoridades que den marcha atrás a la prohibición para que adultos mayores y mujeres embarazadas ingresen a estos espacios comerciales, aludiendo que se puede proteger su salud –al ser sector vulnerable- con otro tipo de acciones que no resulten discriminatorias y excluyentes.
Por ello, y al advertir que la medida, aunque admitida, no se ha cumplido, la CEDHJ inició de forma oficiosa la integración de un expediente de queja contra quienes resulten responsables “por no aplicar de manera respetuosa a los derechos humanos estas medidas, que pudiesen resultar arbitrarias y violentadoras de los derechos humanos”.
“Toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero sobre todo a subsistir. Es importante reiterar que muchas personas adultas mayores viven solas y no tienen más medios que sus propios esfuerzos para proveerse de víveres y servicios, por lo que negarles el acceso a estos es un acto que evidentemente vulnera sus derechos humanos”, refirieron.
Señalaron que la emergencia sanitaria debe suscitar acciones responsables de sociedad y gobierno, por lo cual las decisiones se deben tomar con sustento legal y científico siempre respetando derechos humanos, por ello, en los siguientes días instalarán también un equipo de consulta emergente con especialistas y la representación de personas adultas mayores, por ser quienes más se han visto afectadas por las disposiciones gubernamentales de cara a la pandemia.