/ martes 16 de agosto de 2022

Dueños de grúas se ampararán contra cambios en Ley si les imponen permisos de operación de un año

Además piden que haya transparencia en el modelo de operación de los depósitos de vehículos oficiales

Si la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad pasa con los cambios que afectan la operación de las grúas y genera incertidumbre para las inversiones de los empresarios, éstos interpondrán todos lo amparos que consideran necesarios indicó Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS).

Destacó que ya entregaron a la diputada Mónica Magaña, de a Movimiento Ciudadano para expresarle la inquietud que tienen y el riesgo que representan esos cambios tanto para ellos como empresarios al no tener certidumbre sobre su patrimonio y para los usuarios de las grúas, sobre todo ahora que han proliferado las llamadas grúas fantasmas y que son las que utilizan en su mayoría los elementos de vialidad en los operativos que implementan.

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“Los amparos vendrán después porque serán en base a una resolución que no estemos de acuerdo, ahorita todo ha sido el tema de concertación, hemos estado en la Secretaría General de Gobierno, señaló nula Secretaria del Transporte y la de Seguridad Pública de manera separada, no hemos tenido una reunión con el titular del Ejecutivo de Jalisco para tener una clara línea de lo que se va a hacer y nosotros también platear nuestras necesidades para poder seguir operando el servicio”, indicó.

Mientras que José Orozco de la Asociación Jalisciense de Grúas, mencionó que son tres los aspectos que les preocupan y van primero relacionado con sus concesiones que de las quieren quitar y reducir de los 10 años a un permiso anual y eso les genera incertidumbre porque no saben si se los van a renovar para poder recuperar su inversión.

En estos momentos una grúa para remolcar unidades pequeñas, es decir transporte particular y algunas camionetas, les cuesta alrededor de un millón y medio de pesos, pero si se dedican a remolcar camiones pescados, los famosos trompos de cemento o camiones de pasajeros la grúa que se emplea tiene un valor superior a los ocho millones de pesos.

“También siguen siendo un tema de gran duda y de inquietud los criterios mediante los cuales las dependencias de Gobierno del Estado, es decir Fiscalía, ministerios públicos, policías municipales y Estatal, así como la cual realizan la asignación del servicio de grúas cuando la intervención de dichas autoridades así lo requiere”, indicó.

Pero también les llama la atención que la Ley marca que todo servicio de grúa solicitaron por esas autoridades debe de pasar por el sistema llamado cabina única y según sus cálculos sólo el 20% de esos servicios se hace de esa manera, es decir de la oficial y se le da a las empresas oficiales, el resto se entrega a las grúas piratas y es ahí en dónde se los daños son al ciudadano.

Además piden que haya transparencia en el modelo de operación de los depósitos de vehículos oficiales es decir los famosos corralones modelo a qué es ahí en donde se dan los proceso de desmantelamiento hormiga y golpes a los autos que llevan las grúas, esto ante la ausencia de los dueños o sistemas de vigilancia.

Si la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad pasa con los cambios que afectan la operación de las grúas y genera incertidumbre para las inversiones de los empresarios, éstos interpondrán todos lo amparos que consideran necesarios indicó Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS).

Destacó que ya entregaron a la diputada Mónica Magaña, de a Movimiento Ciudadano para expresarle la inquietud que tienen y el riesgo que representan esos cambios tanto para ellos como empresarios al no tener certidumbre sobre su patrimonio y para los usuarios de las grúas, sobre todo ahora que han proliferado las llamadas grúas fantasmas y que son las que utilizan en su mayoría los elementos de vialidad en los operativos que implementan.

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Mientras que José Orozco de la Asociación Jalisciense de Grúas, mencionó que son tres los aspectos que les preocupan y van primero relacionado con sus concesiones que de las quieren quitar y reducir de los 10 años a un permiso anual y eso les genera incertidumbre porque no saben si se los van a renovar para poder recuperar su inversión.

En estos momentos una grúa para remolcar unidades pequeñas, es decir transporte particular y algunas camionetas, les cuesta alrededor de un millón y medio de pesos, pero si se dedican a remolcar camiones pescados, los famosos trompos de cemento o camiones de pasajeros la grúa que se emplea tiene un valor superior a los ocho millones de pesos.

“También siguen siendo un tema de gran duda y de inquietud los criterios mediante los cuales las dependencias de Gobierno del Estado, es decir Fiscalía, ministerios públicos, policías municipales y Estatal, así como la cual realizan la asignación del servicio de grúas cuando la intervención de dichas autoridades así lo requiere”, indicó.

Pero también les llama la atención que la Ley marca que todo servicio de grúa solicitaron por esas autoridades debe de pasar por el sistema llamado cabina única y según sus cálculos sólo el 20% de esos servicios se hace de esa manera, es decir de la oficial y se le da a las empresas oficiales, el resto se entrega a las grúas piratas y es ahí en dónde se los daños son al ciudadano.

Además piden que haya transparencia en el modelo de operación de los depósitos de vehículos oficiales es decir los famosos corralones modelo a qué es ahí en donde se dan los proceso de desmantelamiento hormiga y golpes a los autos que llevan las grúas, esto ante la ausencia de los dueños o sistemas de vigilancia.

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