Tras poner en evidencia la violencia física y económica, contra periodistas y defensores de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recomendó nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y una legislación para regular el gasto destinado a comunicación social.
En los últimos 20 años, la CEDHJ documentó 202 casos de presuntas agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, con 260 probables víctimas, así como 110 casos de presuntas agresiones en contra de organizaciones y personas defensoras, con 271 probables víctimas.
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Son 34 ataques a periodistas del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo del 2022, es decir, en los últimos 13 meses, poco más de dos ataques por mes. La mayoría se concentran en los municipios de Guadalajara y Zapopan.
En el caso de defensores de derechos humanos, que reportan 205 agresiones en dos décadas, las más recurrentes se han dado sobre los municipios de Villa Guerrero y Cuautitlán de García Barragán, donde las comunidades tepehuana-wixárika de San Lorenzo de Azqueltán y nahua de Ayotitlán, respectivamente, sostienen luchas por la defensa de sus territorios.
Estos municipios comparten, también, los niveles de violencia más altos identificados en los
conflictos socioambientales de Jalisco durante las últimas dos décadas. Destacan casos de asesinato y desaparición forzada.
Y se usa todo tipo de violencia, la CEDHJ documentó al menos 22 formas, que van desde desprestigiar al periodista, ligarlo falsamente a intereses diversos o a grupos facciosos, y presionar a sus medios para que los despidan, hasta agresiones directas e intimidatorias. Resalta la defensoría el uso de redes sociales para tales objetivos.
La investigación revela que, en promedio, 68.5% de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que laboran en Jalisco han sido probablemente violentadas por agentes del Estado mexicano, desde el año 2000 al 31 de marzo de 2022.
Advierte el ombudsman la precariedad financiera en el ámbito periodístico como instrumento de amago y de presión, detonador de violencias.
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También un aumento de casos de violencia donde las autoridades son estatales y municipales, a últimas fechas del orden estatal. Pero también una mayor participación de agresores particulares que pudieran estar ligados a la delincuencia organizada. Poca participación tienen en esto autoridades federales.
En ese sentido, se propone que, en la nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se considere una ruta para superar conflictos de intereses y lógicas de poder relacionadas con la violencia proveniente de personas servidoras públicas.
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