Ante lo que consideran como una falta de transparencia en el manejo del fideicomiso, en donde se depositan todos los recursos económicos del transporte público por concepto de pago de pasajes y por el adeudo que tienen de casi 150 millones de pesos, los camioneros interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República y solicitarán una indagatoria a diversa cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El dirigente camionero Enrique Galván indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo emitido para el estado de Nuevo León, aclaró que ninguna autoridad puede retener los recursos del transporte público concesionado porque sería como una confiscación temporal y dejaría a los empresarios sin dinero para su operación.
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Detalló que en diciembre les quedaron a deber 44 millones de pesos y a eso se le suma lo que va de los meses del año, lo cual llega casi a los 150 millones de pesos que no tienen los camioneros y que les hacen falta para operar, en ese sentido preguntó que en dónde están los más de mil millones de pesos que han llegado al fideicomiso desde el año pasado y que a la fecha no se conformado de manera oficial.
Ante esta incertidumbre dijo que acudirán a las autoridades federales para que intervengan en esta situación y evitar que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, controle todo el sistema de transporte público a costa de ellos, incluso de la ruta 24 que tiene contratos vigentes de operación hasta el 2026.
“Con todo esto se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue a ciertas personas y las cuentas de los fideicomisos porque es muchísimo dinero y necesitamos que se aclare a dónde se fue todo ese dinero y que en realidad a nosotros nos llegan cantidades menores”, aseguró el dirigente camionero, quien desde su punto de vista el Gobierno del Estado busca crear un monopolio del transporte público, pero lo más grave es que el fideicomiso aún no funciona y no saben a qué cuentas van los recursos.
Destacó que por la pandemia de Covid-19 el transporte público prácticamente están quebrados, porque ante la falta de pasaje y la el retraso en los recursos por parte de las autoridades estatales, no tienen forma de operar, por lo que de las más de seis mil unidades que circulan en la entidad, alrededor de tres mil 500 las tienen encerradas.
A toda esa situación le suma que ante las quejas que exponen públicamente, las autoridades reaccionan con operativos especiales como una “forma de venganza” y hasta quieren llevarse las unidades a los corralones ante cualquier pretexto, tal como lo hicieron el pasado miércoles en donde el secretario del Trabajo, Marco Valerio, quiso realizar una inspección ilegal a las unidades del transporte cuando no es de su competencia, sino de la Secretaría del Transporte.