/ domingo 24 de marzo de 2024

Conoce qué opina el cardenal de Guadalajara sobre las sanciones a terapias de conversión

A decir del cardenal tapatío, en la iglesia católica la práctica tiene objetivo orientador

A unos días de que se aprobó sancionar las conocidas como “terapias de conversión” en la Cámara de Diputados para proteger los derechos humanos de personas de la comunidad LGTBQ+, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega habló al respecto.

“Está fuera de lo que es un derecho, las personas tienen derechos que no se les puede encausar por una limitante. Si alguien tiene necesidad de recibir opinión, orientación, aclaración de lo que vive, de lo que siente, debe de gozar de ese derecho y de esa libertad”.

Te recomendamos:

A decir del cardenal tapatío, en la iglesia católica la práctica tiene objetivo orientador. “Nosotros practicamos este tipo de práctica de consejo, de orientación desde el principio del cristianismo con la confesión y no reconocemos que la confesión sea un instrumento en nuestras manos para torturar o para hacer sufrir a la gente, todo lo contrario, y la gente cuando se confiesa lo único que obtiene es una paz, una reconciliación interior y por eso vuelven”.

“La gente tiene la necesidad de buscar luz, de buscar liberarse de lo que siente, de lo que vive y eso es lo que obtiene en la orientación del sacerdote”.

En la votación que se realizó la noche del viernes en la Cámara de Diputados fueron 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones.

La aprobación genera reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud “para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual” conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

Las sanciones irían de dos a seis años de prisión y multas de entre mil y 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa entre 103 mil 740 y 207 mil 480 pesos para quien realice, imparta, aplique, obligue o financie las terapias de conversión sexual.

En tanto que en caso de que dicho procedimiento se aplicase a menores de edad, adultos mayores o personas que viven con discapacidad, la sanción sería mayor.

A unos días de que se aprobó sancionar las conocidas como “terapias de conversión” en la Cámara de Diputados para proteger los derechos humanos de personas de la comunidad LGTBQ+, el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega habló al respecto.

“Está fuera de lo que es un derecho, las personas tienen derechos que no se les puede encausar por una limitante. Si alguien tiene necesidad de recibir opinión, orientación, aclaración de lo que vive, de lo que siente, debe de gozar de ese derecho y de esa libertad”.

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A decir del cardenal tapatío, en la iglesia católica la práctica tiene objetivo orientador. “Nosotros practicamos este tipo de práctica de consejo, de orientación desde el principio del cristianismo con la confesión y no reconocemos que la confesión sea un instrumento en nuestras manos para torturar o para hacer sufrir a la gente, todo lo contrario, y la gente cuando se confiesa lo único que obtiene es una paz, una reconciliación interior y por eso vuelven”.

“La gente tiene la necesidad de buscar luz, de buscar liberarse de lo que siente, de lo que vive y eso es lo que obtiene en la orientación del sacerdote”.

En la votación que se realizó la noche del viernes en la Cámara de Diputados fueron 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones.

La aprobación genera reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud “para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual” conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

Las sanciones irían de dos a seis años de prisión y multas de entre mil y 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa entre 103 mil 740 y 207 mil 480 pesos para quien realice, imparta, aplique, obligue o financie las terapias de conversión sexual.

En tanto que en caso de que dicho procedimiento se aplicase a menores de edad, adultos mayores o personas que viven con discapacidad, la sanción sería mayor.

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