Los ancestrales conflictos agrarios de Jalisco están a punto de perdurar, al culminar otra administración federal sin solución para sus actores. Son añejas dispuestas donde murieron algunos esperando justicia, otros fueron asesinados, acumularon juicios, desencuentros con la autoridad y promesas.
El caso más preocupante es el de la comunidad indígena de Mezquitán, donde tienen una sentencia a favor del Tribunal Agrario, un convenio firmado y han ganado dos amparos.
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Si bien el del Ejido de El Zapote y los terrenos del aeropuerto internacional de Guadalajara entró en etapa de pago, solo les han entregado en permuta algunos predios y faltan los pagos en efectivo.
El otro caso está en San Juan Evangelista, donde aún no se resuelve el conflicto del ejido con pequeños propietarios y además ahora en la delimitación del ejido, varias casas del pueblo han quedado dentro de esa área y quienes viven ahí tendrían que volver a pagar por esos terrenos que adquirieron hace 40 años.
Las cuestionadas acciones que el Ejido está realizando, aunado a que, la elección de la mesa Directiva del Ejido ha sido cuestionada desde hace varios años en los Tribunales Agrarios, por lo que todos estos conflictos están generando la tramitación de más de 100 Juicios Agrarios y Amparos.
Ejidos desde el siglo pasado
La mayoría de estas comunidades y ejidos que protagonizan esta lucha se conformaron desde el siglo pasado, tres o cuatro décadas después de que finalizó la revolución, y entonces fueron dotados de esos predios.
En pro del desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, a la que son cercanos, accedieron a procesos de expropiación, apropiación y ocupación de varios de sus terrenos.
Y este es el caso de la comunidad de Mezquitán, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecutó una de estas acciones el 3 de marzo del 2004 sobre 265 hectáreas, para ampliar la carretera de Guadalajara a Ixtlahuacán del Río. Pero, como ha ocurrido en estos casos, las autoridades no cumplieron.
Trece años después, en 2017, la comunidad se vio obligada a demandar a dicha dependencia ante el Tribunal Agrario número 16, la cual fue admitida debidamente el día 9 de Noviembre del año 2017 y se le asignó el número de Expediente 222/16/2017.
Se incluyó entonces el concepto de pago de daños y perjuicios ocasionados a dicha Comunidad Indígena de Mezquitán de Zapopan, Jalisco, considerando que a la fecha, seis años después, dicha comunidad no ha podido usar ni usufructuar dichos terrenos.
Después de un largo proceso, de sortear acciones legales tendientes a retrasar el proceso y los tiempos en que los tribunales cerraron por pandemia, con fecha 28 veintiocho de Octubre de 2021 .
El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, emitió la sentencia en la que declaró procedentes de manera parcial las reclamaciones y prestaciones acordadas en los convenios por 39 millones 65 mil pesos, condenando a pagar de manera inmediata la suma de 13 millones 893 mil pesos y el resto, 19 millones 532 mil pesos, en parcialidades.
El 3 de marzo del 2022 se admitió el Recurso de Revisión por parte de dicho Tribunal Superior en México, asignándole como número de Recurso de Revisión, el 125/2022, donde comparecieron ambas partes.
Retrasan proceso
Ahí continuaron las acciones para retrasar el proceso.
La delegación de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nombrada así en el actual gobierno) compareció argumentando que nunca fue llamada a juicio, lo que resultó ilógico considerando que su superior sí compareció.
Se exhibieron además los oficios que la propia Delegación expidió a la comunidad, argumentando que no podía pagar hasta en tanto se resolviera el Juicio Agrario 222/2017, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16.
A la par de ese recurso de revisión, han presentado además un amparo directo que bajo el número de Expediente Toca 94/2022, le tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Paralelamente tramitaron el recurso de revisión y la comunidad presentó un escrito ante el Tribunal Superior Agrario dentro del Recurso de Revisión 125/2022, solicitando se tomaran en consideración sus argumentos.
Los tres magistrados resolvieron de manera unánime darles la razón. Con tales acciones, les han hecho perder 18 meses, la indemnización que dicen no poder pagar en este momento se sigue incrementando y unas 300 familias son afectadas de manera sistemática y constante, al no poder hacer uso de su patrimonio.
Proceso expropiatorio
Aún no les pagan y ya iniciaron un nuevo proceso expropiatorio por utilidad pública sobre las mismas 26 hectáreas.
La autoridad jurisdiccional entonces ha resuelto el cumplimiento forzoso y de las obligaciones de los convenios, y los comuneros reclaman una actualización de los montos, pero más aún que se proceda a pagarles lo que en su momento las propias autoridades federales se comprometieron.
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