Para el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, el juicio político interpuesto en su contra por un ex trabajador del Ayuntamiento tapatío no procederá al haber un "error en el procedimiento" para admitirlo en el Congreso de Jalisco.
Lemus Navarro dijo sentirse tranquilo y confiado por motivo de que el ex servidor público no ratificó la solicitud en su contra y aun así la Comisión legislativa de Responsabilidades dio entrada al proceso, aunque en un principio lo calificó como "empujón político" o que trataban de "descarrilar por la mala" su actuación política.
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“Yo sé que de parte de los diputados no existe ninguna instrucción de tratar de descarrilar o de enjuiciar políticamente, no lo veo así, fue un error en el procedimiento y todos tranquilos (…) no va haber necesidad, ellos mismos al no haber una ratificación de la solicitud de juicio político la tendrán que desechar, yo creo que será la semana que entra”.
El Alcalde señaló que el ex servidor público que presentó un proceso de enjuiciamiento en su contra fue despedido en la administración 2012-2015, cuando fue presidente municipal Ramiro Hernández, ahora reclama un millón 300 mil pesos.
“Es heredado. Fue despedido en la administración de Ramiro Hernández y que después de eso demandó, era una persona allegada al PAN y que fue despedida en la administración del PRI, ahora reclama un millón 300 mil pesos, yo voy a cuidar el recurso hasta el último momento, no me voy a dejar y así me quieran hacer todos los juicios político”.
El presidente municipal comentó que no dará marcha atrás en su postura de pagar laudos millonarios añejos al calificar que son prácticas constantes de "corrupción" que se presentan en municipios.
“He dado la instrucción a la Consejería Jurídica del municipio de continuar hasta el último momento los procedimientos para evitar el pago de estos laudos”.
Por otro lado, con relación al amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del reglamento municipal que establece que el cableado sea subterráneo y multar a las empresas de telecomunicaciones que incumplan, el primer edil, confió en que ganarán ante la SCJN, por un lado, porque dicho reglamento es único a nivel nacional, protege el medio ambiente y a la propia ciudadanía.
“Lo que estamos haciendo es que paguen las empresas cableras un derecho de paso a los municipios por ese cableado y que ese dinero no vaya a la recaudación propias, sino que se vaya a inversión para poder hacer el cableado subterráneo y dar los incentivos necesarios a las empresas de cableado para hacerlo”.
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