Continua el saqueo de arena del Río verde, que es vendida en la zona de Los Altos. La Conagua es la que otorgó permisos para su explotación sin estudio de impacto ambiental, denunciaron los diputados de MC Augusto Valencia y Candelaria Ochoa y colectivo Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo.
"No existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental de la Profepa, la Conagua sigue otorgados permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. “La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa El Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción”, señaló Ochoa.
Diariamente salen unos 20 camiones llenos de arena, que son vendidos en la zona de Los Altos en 3 mil pesos la mercancía de cada camión.
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Valencia a su vez exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.
Solicitó que Conagua, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”.
Agregó Ochoa “La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desazolve; pero no para lo que se está haciendo".
“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín, hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, informó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.
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Citaron como irregularidades: La entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.
Y el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las poblaciones.
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