/ jueves 24 de septiembre de 2020

CEDHJ emite recomendación a la Fiscalía y al IJCF por la desaparición de 34 personas

Se documentó "una serie de irregularidades que hasta el momento han impedido la localización"

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió Recomendación por la desaparición de 34 persona. Destaca que durante 2018, 2019 y 2020 documentó deficiencias y negligencia en las carpetas de investigación de 145 personas reportadas como desaparecidas por la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La CEDHJ participó como observadora en la inhumación de 940 cuerpos de personas fallecidas sin identificar.

Esta Recomendación se sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron en 27 quejas en las que se documentó la desaparición de 34 personas; dos en 2017, nueve en 2018 y 23 en 2019, de las cuales, tres de ellas son mujeres.

"Las víctimas indirectas expresaron a esta defensoría su angustia por la desaparición de sus familiares, además de su desesperación y frustración ante la lentitud o falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias para la búsqueda de las víctimas directas, que permitan conocer los motivos de la desaparición, así como para la detención y sanción de los responsables", indica la recomendación.

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En los 27 casos se documentó que el personal ministerial y de la fiscalía, responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas, y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), no realizó las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación oportuna de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en este tipo de casos.

Puntualizó que en cuanto a la actuación del personal del Ministerio Público, resalta que las investigaciones "no se ciñeron a los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia, y por lo tanto fue imposible la localización oportuna de las víctimas, dado que no se actuó con inmediatez, con transparencia, ni con rigor científico".

Del estudio de los expedientes se desprende que, en 16 de los casos denunciados, el agente del Ministerio Público " omitió dar mando y conducción precisos a la Policía Investigadora (PI), lo que provocó un olvido en las investigaciones y diligencias. Esta autoridad fue omisa en brindar orientación e información a los familiares de las víctimas sobre el proceso de búsqueda, así como solicitar la colaboración de otros organismos para facilitar la localización de las personas".

En cinco de las 27 quejas los peticionarios informaron que en la desaparición de sus seres queridos "participaron personas armadas que vestían uniforme y que en algunos casos se ostentaron como policías. También fueron ignorados por los investigadores datos importantes que aportaron familiares de las víctimas para su localización. En general se hicieron pocas y en ocasiones nulas acciones encaminadas a esclarecer los hechos denunciados".

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Por lo que refirió "resulta preocupante la carga laboral que tienen los agentes del Ministerio Público, situación que no les permite desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, exhaustividad, debida diligencia y respeto a los derechos humanos, y cumplir con los términos de los estándares señalados en la Recomendación".

Se documentó "una serie de irregularidades que hasta el momento han impedido la localización de las personas desaparecidas, la identidad y el paradero de los responsables, y por tanto, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño".

Sobre la información proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) se advierte que de agosto de 2019 a la fecha se crearon cuatro nuevas agencias del Ministerio Público para conocer de asuntos de personas desaparecidas; sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes para atender el incremento de las cifras de desapariciones, pues en 2019 cada una de las 22 agencias con las que contaba la Fiscalía Especial integraba en promedio 326 casos.

También puedes ver:


Para este 2020, cada una de las 26 agencias atiende en promedio 368 asuntos de personas desaparecidas, por lo que la carga laboral continúa siendo excesiva.

Respecto al IJCF, "es evidente la falta de coordinación con el Ministerio Público, lo que ha impedido la identificación oportuna de personas fallecidas, su registro, localización y entrega a sus familiares, retrasos en la elaboración de dictámenes y la confronta de huellas genéticas, entre otras prácticas forenses. "

La CEDH indicó acreditó las omisiones del personal del IJCF para realizar los dictámenes de genética de las personas fallecidas, de familiares de personas desaparecidas, así como sus respectivas confrontas, "pues en varios de los casos que se documentaron en esta Recomendación se advirtió que éstos fueron practicados hasta con un año de retraso a pesar de que el agente del Ministerio Público era insistente en la elaboración de los mimos; situación que fue corroborada por el propio personal del laboratorio de genética del IJCF quien al rendir su informe de ley señaló que tienen la indicación de dar prioridad a las contestaciones de confrontas directas".

Asimismo, agregó que "resulta alarmante el número de personas desaparecidas registradas en los últimos 15 meses; dentro de esta Recomendación se señaló que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) reportaba al 31 de mayo de 2019 un total de siete mil 504 personas desaparecidas o no localizadas, para el 31 de agosto de este año eran ya nueve mil 583; es decir, dos mil 79 personas se sumaron a este universo".

Esta defensoría "ve con profunda preocupación la situación de la desaparición de personas en el estado, pues con estos datos se concluye que, en promedio, cinco personas son reportadas diariamente como desaparecidas o no localizadas. Lo anterior sin considerar que en muchos casos no se realizan reportes ni denuncias por lo que se concluye que el número es mayor".


Conclusiones

Para la CEDHJ "los responsables de la seguridad pública, procuración y acceso a la justicia del Gobierno del Estado de Jalisco, personal del IJCF y las autoridades de seguridad pública y ciudadana de los municipios donde ocurrieron las desapariciones documentadas en la presente Recomendación, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo, en agravio de las personas desaparecidas, como víctimas directas y, como víctimas indirectas, de sus familiares y quien tenga derecho, en virtud de que incumplieron el deber de garantía de esos derechos".


Inhumaciones

Comisión de Inhumaciones creada desde septiembre de 2018. La CEDHJ acompañó el proceso de inhumación de 940 cuerpos que se encuentran en cementerios de Guadalajara, Zapopan y El Salto.

Cementerio - Cuerpos inhumados

Panteón Guadalajara - 380

Panteón El Salto - 508

Panteón Paraíso Eterno Valle de los Cipreses (Zapopan) - 52 neonatos y nonatos

Durante 2018, 2019 y 2020 la defensoría ha documentado deficiencias en las carpetas de investigación de 145 personas reportadas como desaparecidas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió Recomendación por la desaparición de 34 persona. Destaca que durante 2018, 2019 y 2020 documentó deficiencias y negligencia en las carpetas de investigación de 145 personas reportadas como desaparecidas por la Fiscalía Estatal y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La CEDHJ participó como observadora en la inhumación de 940 cuerpos de personas fallecidas sin identificar.

Esta Recomendación se sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron en 27 quejas en las que se documentó la desaparición de 34 personas; dos en 2017, nueve en 2018 y 23 en 2019, de las cuales, tres de ellas son mujeres.

"Las víctimas indirectas expresaron a esta defensoría su angustia por la desaparición de sus familiares, además de su desesperación y frustración ante la lentitud o falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias para la búsqueda de las víctimas directas, que permitan conocer los motivos de la desaparición, así como para la detención y sanción de los responsables", indica la recomendación.

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Puntualizó que en cuanto a la actuación del personal del Ministerio Público, resalta que las investigaciones "no se ciñeron a los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia, y por lo tanto fue imposible la localización oportuna de las víctimas, dado que no se actuó con inmediatez, con transparencia, ni con rigor científico".

Del estudio de los expedientes se desprende que, en 16 de los casos denunciados, el agente del Ministerio Público " omitió dar mando y conducción precisos a la Policía Investigadora (PI), lo que provocó un olvido en las investigaciones y diligencias. Esta autoridad fue omisa en brindar orientación e información a los familiares de las víctimas sobre el proceso de búsqueda, así como solicitar la colaboración de otros organismos para facilitar la localización de las personas".

En cinco de las 27 quejas los peticionarios informaron que en la desaparición de sus seres queridos "participaron personas armadas que vestían uniforme y que en algunos casos se ostentaron como policías. También fueron ignorados por los investigadores datos importantes que aportaron familiares de las víctimas para su localización. En general se hicieron pocas y en ocasiones nulas acciones encaminadas a esclarecer los hechos denunciados".

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Por lo que refirió "resulta preocupante la carga laboral que tienen los agentes del Ministerio Público, situación que no les permite desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, exhaustividad, debida diligencia y respeto a los derechos humanos, y cumplir con los términos de los estándares señalados en la Recomendación".

Se documentó "una serie de irregularidades que hasta el momento han impedido la localización de las personas desaparecidas, la identidad y el paradero de los responsables, y por tanto, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño".

Sobre la información proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) se advierte que de agosto de 2019 a la fecha se crearon cuatro nuevas agencias del Ministerio Público para conocer de asuntos de personas desaparecidas; sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes para atender el incremento de las cifras de desapariciones, pues en 2019 cada una de las 22 agencias con las que contaba la Fiscalía Especial integraba en promedio 326 casos.

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Para este 2020, cada una de las 26 agencias atiende en promedio 368 asuntos de personas desaparecidas, por lo que la carga laboral continúa siendo excesiva.

Respecto al IJCF, "es evidente la falta de coordinación con el Ministerio Público, lo que ha impedido la identificación oportuna de personas fallecidas, su registro, localización y entrega a sus familiares, retrasos en la elaboración de dictámenes y la confronta de huellas genéticas, entre otras prácticas forenses. "

La CEDH indicó acreditó las omisiones del personal del IJCF para realizar los dictámenes de genética de las personas fallecidas, de familiares de personas desaparecidas, así como sus respectivas confrontas, "pues en varios de los casos que se documentaron en esta Recomendación se advirtió que éstos fueron practicados hasta con un año de retraso a pesar de que el agente del Ministerio Público era insistente en la elaboración de los mimos; situación que fue corroborada por el propio personal del laboratorio de genética del IJCF quien al rendir su informe de ley señaló que tienen la indicación de dar prioridad a las contestaciones de confrontas directas".

Asimismo, agregó que "resulta alarmante el número de personas desaparecidas registradas en los últimos 15 meses; dentro de esta Recomendación se señaló que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) reportaba al 31 de mayo de 2019 un total de siete mil 504 personas desaparecidas o no localizadas, para el 31 de agosto de este año eran ya nueve mil 583; es decir, dos mil 79 personas se sumaron a este universo".

Esta defensoría "ve con profunda preocupación la situación de la desaparición de personas en el estado, pues con estos datos se concluye que, en promedio, cinco personas son reportadas diariamente como desaparecidas o no localizadas. Lo anterior sin considerar que en muchos casos no se realizan reportes ni denuncias por lo que se concluye que el número es mayor".


Conclusiones

Para la CEDHJ "los responsables de la seguridad pública, procuración y acceso a la justicia del Gobierno del Estado de Jalisco, personal del IJCF y las autoridades de seguridad pública y ciudadana de los municipios donde ocurrieron las desapariciones documentadas en la presente Recomendación, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo, en agravio de las personas desaparecidas, como víctimas directas y, como víctimas indirectas, de sus familiares y quien tenga derecho, en virtud de que incumplieron el deber de garantía de esos derechos".


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