La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDH) comenzará a entablar reuniones colectivas con el aparato gubernamental de justicia, colectivos y organizaciones civiles, así como de la Federación a partir de la próxima semana, a fin de mejorar la estrategia de prevención y de búsqueda de personas.
Con este tipo de acciones, el primer visitador general, Javier Perlasca Chávez, indicó que se busca tener resultados oportunos al tener mecanismos de búsqueda interdisciplinaria para evitar que continúen las desapariciones.
“Creemos que si hacemos un esfuerzo en coordinar de manera más oportuna y las experiencias se puede mejorar muchísimo”.
Ante las denuncias constantes de las familias de personas desaparecidas sobre las omisiones y dilatación en el sistema de justicia sobre este problema de seguridad, Perlasca Chávez, recordó que la CEDH ha realizado pronunciamientos, informes especiales y recomendaciones.
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“Sobre todos los temas que tienen que ver con la investigación, búsqueda, atención, prevención y sanciones, es un derecho constitucional el de acceso a la verdad y a la justicia que tienen las personas”.
En el informe especial sobre personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco, emitido en junio de 2022, la CEDH hace un análisis territorial, contextual, de género, de delitos y eventos asociados, sobre las crisis forenses, conclusiones y propósitos.
Algunos aspectos relevantes que se señalan, es la integración del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, armonizado con los registros de denuncias y carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas.
De la misma manera, realizar “sin demora los perfiles genéticos tanto de las personas fallecidas sin identificar que se encuentran bajo resguardo del IJCF, así como de los familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar las confrontaciones correspondientes y lograr la pronta y plena identificación de los cadáveres, así como la entrega inmediata a sus familiares”.
Estos últimos focalizados con líneas de acción a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los 125 municipios, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a las Fiscalías tanto del Estado como a la Especial en Personas Desaparecidas, a la Comisión de Búsqueda y a la Secretaría de Educación.
