El caso de una empleada de Aseo Público de Guadalajara que fue acosada y hostigada sexualmente en el 2021 por otro trabajador de la dependencia debe abordarse con perspectiva de género, señaló la regidora tapatía, Candelaria Ochoa.
Como regidora de oposición y exlegisladora federal conocedora de temas de género, cuestionó por qué en Contraloría Municipal resolvió que la sanción de un año de inhabilitación para el empleado es por haber utilizado una camioneta oficial para ir a un cajero automático y no por acosar sexualmente a una compañera.
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Señaló que el 30 de octubre la afectada recibió el resolutivo del expediente, donde “se comprobó responsabilidad administrativa del servidor público, ya que incurrió en conductas de naturaleza sexual, mismas que se identifica como una situación de violencia de género, además de que utilizó un vehículo propiedad del ente público en su posesión en actividades distintas a las que requiere el empleo, pues dentro del horario de trabajo se desvió de las actividades asignadas para ir a un cajero”.
Recordó que el caso ya fue llevado a la Dirección de Servicios Públicos, a los sindicatos tapatíos, al Instituto de las Mujeres, al Centro de Justicia y a la Fiscalía, mismas que han sido omisas y pidió intervengan para que la sanción del involucrado sea mayor y se tome en cuenta a la víctima.
“(La víctima) ha vivido violencia, hostigamiento y acoso sexual por parte de otro compañero de la misma dirección… Evadieron durante casi dos años hacerse responsables de atender, sancionar y reparar los daños a quien ha vivido este delito, además de que la propia víctima enfrentara una contrademanda”.
Cabe recordar que hace unos días, por parte de la Contraloría se dio a conocer que el servidor público estará inhabilitado por un año, pero “se dedican dos líneas sin profundizar en la violencia de género y cinco líneas para hablar de las faltas administrativas laborales”.
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