La Contraloría Ciudadana anunció la primera destitución del empleo de un servidor público, adscrito a Cultura, acusado de hostigamiento y acoso laboral y la suspensión de dos servidoras públicas, sin goce de sueldo.
La Contralora Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, indicó que con la destitución del servidor público se sigue la política de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en la administración municipal.
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“Este es un precedente importante en la erradicación de la violencia contra mujeres, es la primera destitución del empleo de un servidor público acusado de hostigamiento y acoso en el Gobierno de Guadalajara, al ser consideradas estas como conductas que conllevan faltas administrativas”.
En mayo pasado se anunció que fue suspendido y este día, se determinó la destitución definitiva al haber ejercido violencia psicológica, intimidaciones o humillaciones en contra de la denunciante, de acuerdo con el Artículo 75 fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Recordó que a la denunciante se le otorgaron medidas de protección como fue el pulso de vida y la separación de las partes implicadas, procurando evitar la revictimización.
En otro caso, se determinó la suspensión del empleo de una servidora pública que se desempeñaba como cajera, adscrita a la Tesorería Municipal, acusada de peculado por apropiación reiterada, para sí, de recursos públicos financieros, al presentarse diversos faltantes económicos, por lo anterior, se calificó como una falta grave, de acuerdo con el numeral 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“La conducta administrativa denunciada, es por el delito de peculado y esto debido a que quedó completamente probado, que la denunciada se apropió de manera reiterada de diversas cantidades de dinero que recibía en su función de recaudadora o cajera del área de Tesorería”.
Mientras que a otra trabajadora de Servicios Médicos se suspendió de sus actividades por 30 días, sin goce de sueldo, para desempeñar su empleo, cargo o comisión por permitir el ingreso de un familiar a realizar “voluntariados” a un quirófano para ejercer labores operativas propias de un profesional de la salud en la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González, perteneciente a la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
“En este caso se permitió el ingreso de un familiar a quirófano sin ser este servidor público, por eso se determinó una falta administrativa por no cumplir con la máxima diligencia del servicio que le fue encomendado al no apegarse a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña y que derivó de esta suspensión”.
Indicó que cada uno de los casos fueron investigados con “estricto” apego a lo que establece la ley y los diferentes instrumentos jurídicos.
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Durante la investigación se corroboró que en el Reglamento que Regula la Admisión, Funciones, Condiciones de Trabajo y demás Generalidades a que se ajusta el Servicio de Residencia o Posgrado dentro de la Dirección General Municipal de Salud del Municipio de Guadalajara, no se advierte que este contemple la figura denominada “voluntario” o “voluntariados”, sino la de residente, y además se encontró que el familiar de la servidora pública ahora suspendida, no contaba con permiso de los directivos que permitiera su ingreso al quirófano en dicha situación.
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En la Contraloría Ciudadana hay 49 servidores públicos sancionados por distintos hechos de corrupción o faltas administrativas, información que se ha cargado al Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados (Sistema S3), de la Plataforma Digital Nacional (PDN) perteneciente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que se encuentra disponible para su consulta en https://www.plataformadigitalnacional.org /
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