Con la finalidad de exponer sus planes de trabajo, este martes aspirantes a liderar la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales comparecieron ante diputados del Congreso de Jalisco.
La terna propuesta por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está compuesta por Carlos Manuel Rodríguez Morales, quien se desempeñó como vocal ejecutivo de la junta local del INE en la entidad; Karla Isabel Rangel Isas, del área jurídica de la Contraloría del Estado; y Héctor Javier Díaz Sánchez, contralor interno de la Secretaría de Asistencia Social.
Te recomendamos:
En las exposiciones se habló de los temas abordados en el ensayo realizado como requisito para aspirar al cargo, sin embargo, también de los grandes retos que tiene la fiscalía y de la prevención de los delitos electorales, sobre todo ahora que se viene el proceso del 2024.
"Mi plan de trabajo sería hacer un diagnóstico situacional de cómo se encuentra el recurso material y el humano en la fiscalía para optimizarlo. En segundo plano, lo que propongo es un fortalecimiento de procesos, para poder dar una congruencia a nuestro Estado en el tema electoral, blindar a nuestro Estado contra los delitos electorales", expresó Karla Isabel Rangel Isas.
A decir de Héctor Javier Díaz Sánchez, su plan de trabajo está basado en las mejores prácticas requeridas para que el ejercicio del cargo del fiscal se cumpla de manera oportuna.
Te puede interesar:
"Lo que proponemos es una buena gestión. Debemos de implementar un modelo de gestión por procesos, es decir, identificar las actividades que son del día a día para efectos de generar los procedimientos sistematizados, vinculados y de esta forma estaríamos teniendo una búsqueda de objetivos y resultados".
Por su parte, Carlos Manuel Rodríguez habló de su experiencia de 32 años en el INE por lo que dijo que no hay incompatibilidad en los cargos, ya que no solo se trata del tema penal o la procuración de justicia, sino de desempeñar tareas desde la fiscalía especializada para fortalecer la vida democrática.
"La fiscalía puede vincularse con distintas instituciones para hacer una sinergia y en ese sentido procurar que nuestros procesos electorales se desempeñen con la mínima presencia de conductas lesivas a los principios que animan la función electoral o los bienes jurídicos que protege cada uno de los delitos electorales".