La semana pasada, el Senado de la República acordó prohibir los matrimonios infantiles en nuestro país, y es que aún cuando la edad legal para casarse son los 18 años, muchas personas las contraen con niñas, niños y adolescentes bajo el argumento que, de acuerdo a los usos y costumbres de comunidades originarias, ello es posible.
Al respecto, es importante precisar que, si bien el artículo 2 de la Constitución mexicana garantiza el respeto a la cultura de los pueblos indígenas, éstas deben preservar los derechos humanos y en especial, la dignidad e integridad de las mujeres. Lastimosamente y de acuerdo con algunos estudios, en México cada día se celebran 38 uniones infantiles. Otro dato importante es que se estima que los niños que contraen matrimonio es solo la quinta parte de las niñas que se casan con personas adultas.
En esos términos, la prohibición es importante en dos vías:
1. Porque garantiza el interés superior de las niñas y niños: hacer que estas personas contraigan matrimonio merma su derecho de prioridad, supervivencia y desarrollo, a vivir con su familia, educación y de libre y sano esparcimiento, por citar algunos ejemplos. Un matrimonio los pone en situaciones que además de violar sus derechos, les quitan herramientas para su desarrollo, por ejemplo, la falta de educación en un futuro, puede ponerlos en situación de pobreza, disminuyendo sus posibilidades a futuro.
2. Rompen una brecha de profunda desigualdad. Como ya se mencionó, las niñas son las principales víctimas de esta situación, pues muchas de las imposiciones están basadas en estereotipos en el que a ellas se les imponen ciertas cargas que los niños no tienen.
En ese orden de ideas, los instrumentos normativos que prohíben el matrimonio infantil parecen acertadas. Hará falta encontrar mecanismos que hagan cumplir con la ley y que en su caso, sancionen a quienes sigan buscando perpetuar violaciones a los derechos de las infancias.
@NataliaMese
