Viudas de policías y esposas de elementos desaparecidos no solo sufren su partida, sino también la indolencia de las autoridades que las han abandonado, incluso obstaculizado todo apoyo para sacar a sus hijos adelante. Margarita de la Torre es esposa de Javier Raudales Mota, quien fue privado de la libertad por un comando el 16 de febrero de 2019 junto con el excomisario de la Policía de Tonalá, José Octavio García y el otro mando de la corporación.
Ella asegura que en ese momento Javier Raudales Mota aún estaba en pleno servicio en la comisaría tonalteca y al momento de los hechos estaba escoltando al entonces excomisario que acababa de renunciar al cargo.
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Fue hasta el 19 de febrero del mismo año cuando encontraron el cuerpo de Javier Raudales dentro de un vehículo en la colonia El Pinar de las Palomas. Pese a ello asegura que no ha recibido indemnización alguna. Solamente le entregaron el finiquito, pero no lo que corresponde al seguro de vida. También le prometieron becas para sus hijos pero tampoco llegaron, incluso dos de cinco de ellos tuvieron que dejar de estudiar por falta de recursos.
“Ha sido muy difícil sacar adelante a mis hijos, no les he podido pagar la escuela ni un psicólogo. Mis hijos están afecta dos, siguen igual de devastados, les hace falta su papá. Los tres más grandes sí se ponen mal”, contó.
Rocío en total tiene cinco hijos, de 21, 17, 16, 11 y 3 años, respectivamente. Recuerda que al momento de la muerte de su esposo estaba embarazada, tenía tres meses de gestación. Creyó que por la impresión perdería al bebé.
Para mantenerlos tiene que salir diario a trabajar, pero sus ingresos son insuficientes, por eso sólo pudo costear los gastos de la preparatoria de dos de ellos, otro aún la cursa y uno más está en primaria.
“Para estar pagando luz, agua, alimentos, se me hace difícil. No tengo ayuda de otro lado, sólo lo que gano. Dejé a mi bebé desde el mes de nacido para irme a trabajar”.
Margarita también afirma que su esposo estuvo en la Fuerza Única, pero la Secretaría de Secretaría de Seguridad, le adeudaba una quincena, pero al fallecer, ella fue a reclamar el pago y nunca se lo dieron. Tanto en esa dependencia como en la presidencia de Tonalá le han cerrado las puertas.
Por otra parte Rocío Amaya es esposa del policía estatal Francisco González Morales, quien fue privado de la libertad en su día franco el 27 de marzo de 2016 cuando estaba en su casa de Santa Fe en Tlajomulco, hasta donde llegó un comando que se lo llevó por la fuerza por venganza por una detención que realizó de unos sujetos a los que no les aceptó el dinero que le ofrecieron para que los dejara en libertad.
Por la desaparición hubo cuatro detenidos, quienes confesaron que les pagaron 20 mil pesos a cada uno por la privación de la libertad para después matarlo y arrojarlo a un canal pluvial, porque no quiso recibir el soborno, sin embargo después quedaron libres por ese delito porque aseguraron que fueron torturados para dar esa confesión.
A 6 años de su desaparición
A seis años de su desaparición, nada se sabe del paradero de Francisco. Para ella también ha sido difícil sacar adelante a sus hijos que en ese entonces si hijo tenía 11 años y su hija 12.
“En ocasiones he tenido dos trabajos. Otras veces mis dos hijos han tenido que trabajar. Necesitamos estarle buscando”. De recién que se dio la desaparición de su esposo, le dieron trabajo en el área administrativa de la entonces Fiscalía General del Estado que encabezaba Eduardo Almaguer con la condición de que borrara las publicaciones de redes sociales sobre la desaparición de González Morales. Después en el cambio de administración y al solicitar la Declaratoria de Ausencia, la cambiaron a una plaza de intendencia con un salario de 2 mil pesos quincenales, lo cual es insuficiente para mantener a sus hijos, por lo que debe vender postres para tener un ingreso adicional.
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Tanto Margarita, como Rocío piden a las autoridades correspondientes que asuman su responsabilidad y se les indemnice como corresponde.
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